Protesta contra las tarifas y más allá


El debate político en la coyuntura se concentra en las tarifas de los servicios públicos. El asunto importa porque la electricidad, el gas, el agua o cualquiera de los servicios públicos privatizados aumentan más allá de cualquier indicador de inflación y supera las posibilidades de pago de la mayoría de la población, no solo de trabajadores sino de sectores de la pequeña y mediana empresa. Incluso, existen empresarios o iniciativas culturales, sociales o deportivas que se ven en la potencialidad de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de cancelar esas acrecidas facturas.
Por eso hubo ruidazos en distintas ciudades del país el miércoles pasado y movilización con velas el jueves, en protesta contra el tarifazo. El gobierno se defiende y señala que durante el kirchnerismo hubo atraso de tarifas y subsidios generalizados a los usuarios de la zona metropolitana, la ciudad Capital y el Gran Buenos Aires, y que lo que ahora se intenta es la regularización de los precios de los servicios públicos privatizados alineando el precio local con el internacional.
En este sentido es clave considerar la evolución de los precios internacionales del petróleo, en crecimiento en el último tiempo y acercándose a los 70 dólares el barril. Vale considerar que el precio local de producción está rondando los 10 dólares el barril, con lo cual, la diferencia entre el precio internacional y el costo local de producción debe considerarse como excedente apropiado por la cadena de valor, privada y transnacional, de la producción energética. Algo similar ocurre con el precio internacional y el costo local de producción del gas.
Los grandes beneficiarios son las transnacionales de la energía que manejan la cadena de valor de la energía en el país, desde la extracción de hidrocarburos a la distribución de los derivados.
No sorprende que el tema central sea la apropiación de la ganancia, base para una lógica de acumulación y en todo caso de reinversión productiva de los inversores beneficiarios. Lo sorprendente es que la maximización de las ganancias no genera aumento de la reinversión productiva, sino que se verifica la tendencia a la remisión de utilidades al exterior como parte de la fuga de capitales. Los precios locales intervienen en la lógica mundial de los inversores extranjeros que actúan en el negocio de los servicios públicos privatizados.
El ajuste tarifario satisface el objetivo gubernamental de disminuir el gasto público vía reducción hasta la eliminación de los subsidios a los servicios públicos privatizados, trasladando el costo del ajuste al conjunto de los usuarios, y afectando a los sectores de menores ingresos relativos. El subsidio se explicó en el pos 2001 ante la demanda de resarcimiento de las empresas titulares de los servicios, afectadas por la devaluación a la salida de la convertibilidad. El resultado fiscal de los tarifazos no es el esperado por los gobernantes, ya que el déficit subsiste y convoca a nuevos y generalizados ajustes, que buscan nuevas áreas de afectación más allá de los servicios públicos: educación, salud, salarios estatales.
Desde amplios sectores de la oposición e incluso aliados del gobierno, surge la demanda contra el tarifazo. Se requiere morigeración de los aumentos, llegando a reclamar retrotraer las tarifas a los valores de diciembre del 2017. Lo que no se discute es el modelo de producción y distribución de energía, que fuera gestado desde las privatizaciones en los 90 y consolidado desde entonces.
Los beneficios de las privatizaciones solo reditúan como ganancia empresaria y pérdida de derechos de los usuarios, lo que puede calificarse como resignación de soberanía, para el caso, energética.
Estrategia para recuperar soberanía energética
Por eso es que no alcanza con la protesta por el precio de los servicios, sino que la crítica debe extenderse al modelo privatizador surgido en los 90, y es más, si el modelo previo, de empresa estatal tampoco resultaba adecuado, la búsqueda debe plantearse en términos de socialización.
Es la propia sociedad la que debe auto gestionar los servicios públicos y hacerlo desde una concepción de derechos de ciudadanía, de soberanía energética, que apunta más allá de la producción, distribución y consumo de la energía.
La lógica de derechos supone una estrategia productiva y de desarrollo que trasciende la propiedad social de los medios de producción aplicados a la prestación de los servicios públicos.
Ello convoca a nuevos desafíos científicos y tecnológicos a desplegar desde la Universidad Pública y los ámbitos estatales de desarrollo en ciencia y técnica, tanto en el Estado Nacional, como Provincial y municipal. Incluso, no alcanza con un accionar nacional, sino que se requiere el concurso articulado en el mismo sentido de otros países de la región.
Claro que esto último va a contramano de la decisión de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de abandonar la UNASUR, cuya instalación en la pasada década apuntaba a desplegar mecanismos alternativos de integración regional en la perspectiva de desarrollos soberanos.
Muchos cuestionan en estas horas las posibilidades de un rumbo diferenciado al oficial, de actualización a rajatablas de las tarifas.
El problema es que si solo se discute precio el diálogo puede ser de sordos, ya que el Estado pretende eliminar el subsidio (gasto público) y los concesionarios privados quieren el máximo precio posible en acuerdo con los niveles internacionales del insumo básico, en una etapa de crecimiento de esos precios de los hidrocarburos.
Por eso creemos que es necesario cuestionar el modelo energético surgido en los 90 y no modificado sustancialmente desde entonces.
Ello demanda un debate político ideológico que contrapone dos concepciones. Una que se afirma en que la energía es un bien comercial y la otra sostiene que se trata de un derecho de ciudadanía en este tiempo del desarrollo civilizatorio. Con este enfoque es que se piensa que nadie debiera tener dificultades para acceder al agua, a la calefacción o a la electricidad, entre otros derechos.
Desde el gobierno se insistirá en pagos en cuotas y en una crítica a la herencia del déficit fiscal recibido. Muchos insistirán en la protesta por el costo de vida del tarifazo y los menos insistiremos en cuestionar el modelo productivo y de desarrollo sustentado en la mercantilización y extranjerización de la energía.
Buenos Aires, 22 de abril de 2018

Con la inflación en alza emerge la disciplina o la aceleración del conflicto


El alza de los precios minoristas de marzo alcanzó al 2,3% según el INDEC y anualizado ya supera el dato del 2017.
Sigue preocupando el tarifazo de servicios públicos, pero ahora se suma el problema de la inflación núcleo, o sea, aquellos precios más allá de los regulados. La alimentación en el eje de la tormenta, pero también la vivienda (por incremento de alquileres o valorización de inmuebles), o las medicinas; insistamos, junto al transporte, la electricidad, el gas, entre otros servicios públicos privatizados.
El pronóstico para abril no es halagüeño y en el primer semestre del año se puede consumir el límite del 15% establecido por las metas de inflación establecidas en diciembre por el BCRA, quién anticipa una perspectiva de precios ascendiendo por encima del 20% para el 2018 y que la calle ya establece en torno al 25%, similar a la del pasado año.
Ya sabemos que la inflación afecta a la población de menores ingresos, sin capacidad de defender salarios, jubilaciones o subsidios de planes sociales, deteriorando la capacidad de compra de sus entornos familiares y alertando sobre problemas del consumo que afectan al comercio y con ello a la producción que abastece las redes de distribución de bienes y servicios.
La pelea es por los ingresos
Quienes viven de ganancias, por ser propietarios de medios de producción, optan si pueden, por incrementar los precios de los bienes o servicios que ofertan en el mercado de consumo.
No todos pueden hacerlo. En sectores desregulados, por ejemplo, verdulerías, peluquerías, negocios de barrio, o servicios especializados, todo depende de la capacidad de pago de la clientela asociada a esas actividades económicas, o su lugar en la cadena de valor que articula la producción.
En realidad, algo similar ocurre con los prestadores de servicios públicos, aún con aumentos de precios, donde la opción de no pagar puede generalizarse y deteriorar la capacidad de recaudación y rentabilidad de las empresas, lo que justificó desde el comienzo la suba de las tarifas.
Algo que ya ocurre en grandes centros comerciales en los que impacta la menor capacidad de compra de sus consumidores. Es el caso de CARREFOUR, que aprovecha la volteada para reestructurar las relaciones laborales modificando el convenio colectivo y afectando a la baja el ingreso de sus trabajadores.
Para los que viven de la venta de la fuerza de trabajo, activos o pasivos, empleados o desempleados, integrando o no el mercado de trabajo, enfrentan el dilema de adecuar sus gastos a los menguados ingresos o disputar la capacidad socio política para disputar renta nacional a los propietarios de medios de producción.
Es la lucha de clases hubiésemos dicho en otro tiempo, que se manifiesta como disputa por la distribución del ingreso o renta nacional si acudimos al lenguaje técnico de la macroeconomía.
Unos viven de la propiedad de los medios de producción y otros de la venta de la fuerza de trabajo.
Ambos tributan al Estado y desde allí se genera un segundo momento en la distribución del ingreso nacional vía gasto público, e incluso en la perspectiva de la inversión pública se define el destinario de la apropiación secundaria, vía Estado, de la riqueza socialmente generada.
Remitimos en este último caso al destino en educación, salud, infraestructura u orientación de recursos públicos de carácter improductivo que a modo de ejemplo sintetizamos en el gasto militar sin existir hipótesis de conflicto explicitada a la sociedad.
El ingreso a distribuir es una magnitud disputada por unos u otros y en ese sentido, la política económica no es neutral.
Por eso se destaca la voluntad oficial y empresaria y de contener la demanda de actualización de ingresos de trabajadoras y trabajadores en todas sus categorías al límite del imaginario del 15% establecido como deseo oficialista de la evolución de precios para el 2018.
En el otro rincón se procesan las formas del reclamo social por defender la capacidad de compra de amplios sectores de menores ingresos.
¿Quién vence a quién?
Es el interrogante en la disputa por el ingreso. Se generalizan iniciativas de no pago de servicios y de protestas calleras, como la coalición que convoca a la marcha de las velas contra el tarifazo de la electricidad para los próximos 18 y 19 de abril. Pero es también el conflicto de los maestros y profesores de todos los niveles de la educación por actualizar salarios.
Ahí está la incógnita sobre la política cotidiana, la lucha por los consensos políticos y la cotidianeidad del devenir en la Argentina.
¿Podrán empresarios y gobierno disciplinar el conflicto social e imponer su política de ingresos y precios?
En el otro polo y más allá de estrategias diferenciadas de acumulación de poder propio, el interrogante apunta a saber si: ¿podrá desplegarse una amplia unidad de acción de sindicatos, movimientos sociales, territoriales o sectoriales, para el logro de objetivos concretos en la mejora por la apropiación del ingreso? Estamos aludiendo a amplios sectores sociales perjudicados por la desigual apropiación del producto social del trabajo.
Son incógnitas de nuestro tiempo y por eso hay presión por derecha sobre el gobierno para endurecer sus políticas y dejar de lado un discurso que remite al gradualismo y aplicar políticas de shock. Tanto como de quienes exigen superar el divisionismo de estrategias particulares de acumulación de poder político para pensar más integradamente y con efectividad en la discusión por la apropiación del producto social del trabajo.
Para el bloque social en el poder existen diferentes formas de encarar la etapa y ya pensando en la renovación presidencial del 2019. Ocurre algo similar entre quienes pretenden cambiar la orientación política en el próximo turno presidencial.
Algunos solo pretenden modificar el gestor, sin modificar el rumbo y otros, muy divididos aún proponen ir más allá del cambio de gestión de un rumbo y pensar en una lógica contraria de beneficiarios y perjudicados de la política económica.
Resulta así un entramado diverso de intereses y propuestas que pugnan por ganar conciencia social y consolidar una perspectiva relativa a la organización económica de nuestra sociedad, con un determinado modelo productivo y de desarrollo. No es un tema menor y las consecuencias sociales de quien vence a quién condiciona nuestra vida cotidiana.
Buenos Aires, 15 de abril de 2018

Fuga de capitales y endeudamiento en un ciclo de especulación deliberado


En 40 días el BCRA vendió 2.500 millones de dólares de las Reservas Internacionales (RRII) de la Argentina para evitar la suba del dólar, contenido debajo de los 21 pesos por dólar.
¿Quiénes compraron esa cantidad de moneda? Especuladores que optan por distintos activos financieros, asegurando una rentabilidad con recursos que administra la autoridad monetaria pero que pertenecen al conjunto de la sociedad.
En definitiva, la sociedad, por decisión del Gobierno Macri sostiene la especulación financiera, no solo desde el BCRA. Decimos esto porque el fenómeno especulativo ocurre en simultáneo con la política impulsada desde el Ministerio de Finanzas.
Luis Caputo, el Ministro de Finanzas fue interpelado en el Congreso por la bicameral de seguimiento de la deuda. Se buscaba indagar al funcionario sobre sus vínculos personales con empresas off-shore en su actividad privada antes de asumir funciones en el sector público. Pero también por su papel en la definición de políticas que beneficiaron a algunas de esas empresas entre muchas otras organizadas para sustentar la especulación financiera.
No es un tema menor, ya que el Ministro de Finanzas es el principal ejecutor de la política deliberada de endeudamiento, que eleva el stock de deuda pública (externa e interna) a los 320.000 millones de dólares, sin incluir a los Estados provinciales, ni la deliberada deuda asumida por el BCRA con las LEBAC, las que suman el equivalente de las RRII.
La política pública sostiene la actividad especulativa desde la política monetaria y financiera, como ejes de la orientación económica general. Se alude a la necesidad de inversiones productivas pero se acude al financiamiento mientras se consigue la esquiva voluntad de inversores externos.
El resultado de la combinación de esas políticas resulta en la fuga de capitales, nada menos que casi 240.000 millones de dólares según el balance monetario del BCRA. Vale recordar que el blanqueo del 2016 había cerrado en 116.000 millones de dólares. La fuga actual duplica aquel dato relevante de exteriorización de activos en el exterior de residentes de la Argentina.
Las oportunidades de negocios están dadas para quienes tienen capitales excedentes y privilegian la inversión financiera especulativa. Al mismo tiempo se contiene la actualización de ingresos populares y se transfieren costos de los servicios públicos privatizados a los usuarios, agravando la restricción al consumo popular, con impacto incluso en grandes cadenas de comercialización. Es el caso de Carrefour, quien aprovecha la situación para proponer nuevas rondas de ajuste contra sus trabajadoras y trabajadores.
¿Podría hacerse algo distinto con las RRII?
Por supuesto, ya que esos 2.500 millones de dólares destinados a frenar la evolución del dólar constituyen una considerable suma que podría sustentar desarrollos productivos orientados a satisfacer necesidades diversas de la población, incluso con sentido federal.
Es más, hasta podría discutirse un fondo especial para financiar proyectos productivos con un porcentaje de las RRII, las que vienen creciendo en el último tiempo y no necesariamente por buenas razones. Las Reservas crecen con base en la deuda externa pública, un poco más de 142.000 millones de dólares.
El objetivo establecido por la autoridad monetaria es alcanzar al 15% de RRII sobre el equivalente en dólares del PBI, estimando un objetivo de 75.000 millones de dólares. El stock actual de RRII es de 55.000 millones de dólares y se imaginan alcanzar la meta con toma de deudas por 20.000 millones de dólares anuales en lo que resta de la gestión presidencial e incluso en la primera parte de una segunda administración Macri, por lo menos hasta el 2020/21.
Podría discutirse la constitución de un Fondo para la Producción, cuya formulación, ejecución y evaluación debiera incluir la participación popular de organizaciones sindicales, territoriales, de productores y de la comunidad en su conjunto.
El propósito central del Fondo apuntaría a la satisfacción de amplias necesidades económico sociales definidas democráticamente, incluso confirmadas por vía plebiscitaria.
La concepción relativa a la soberanía alimentaria o energética podrían ser las bases del modelo productivo a discutir.
Solo a modo de ejemplo se puede indicar un Fondo originalmente integrado con un tercio de las RRII existente, incluso hasta el objetivo de los 75.000 millones de dólares, para lograr un Fondo de 25.000 millones de dólares; y adicionar los 50% del exceso de las RRII planificadas.
Con el stock actual de RRII se podría destinar unos 18.300 millones de dólares (1/3 de 55.000 m.d.), sin depender del ingreso de capital de riesgo o de préstamo del exterior. Además, la orientación de esos recursos debiera destinarse sobre la base de una planificación participativa que asegure el involucramiento de la sociedad.
Pretendemos señalar que en la Argentina existen recursos para pensar y planificar un nuevo modelo productivo y de desarrollo, con participación social ampliada en la toma de decisiones y que no se necesita fomentar la dependencia de las decisiones del capital externo.
Resulta obvio indicar que el elenco presidencial es parte de quienes abonan la fuga de capitales y es impensado que gobiernen en su contra, por eso ni Aranguren, ni Dujovne, ni Caputo, entre otros, traen sus activos externos para la promoción productiva local.
Nada puede esperarse de un elenco gubernamental constituido desde la especulación financiera, como norma de época de un capitalismo mundial que estimula el capital ficticio a costa de la riqueza socialmente generada.
El CAMBIO en curso es reaccionario y convoca a pensar y argumentar para constituir un contrasentido para otra política, economía y sociedad.
Buenos, Aires, 7 de abril de 2018