Ingresos populares y la “política” en el centro de la discusión


La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,8%, o sea, un 25% anual, superando la cifra del 2017 y con un pronóstico similar para febrero y que se proyecta para todo el primer semestre que incluye aumentos programados de tarifas y la liberalización del precio de los combustibles, con un petróleo con precio internacional en ascenso. Además, los precios mayoristas escalaron 4,6%, agravando los pronósticos. Lo curioso es que se augura un segundo semestre de esperanza en la baja de los precios para sostener la expectativa favorable de la sociedad en el rumbo actual.
Como hemos sostenido en variadas ocasiones, la inflación de precios es un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, ya que solo suben precios los que pueden, sea el Estado cuando se trata de precios regulados, caso de las tarifas, o las empresas que deciden por su cuenta en un mercado solvente dispuesto a pagar esos valores. A los trabajadores activos y pasivos no les resulta sencillo imponer el precio de la fuerza de trabajo y mucho menos aumentarlo. Solo basta con el ejemplo de jubilados y jubiladas para notar que ahora recibirán un tercio del ajuste que debieran percibir, gracias a la nueva fórmula de actualización de haberes votada en el Parlamento por el oficialismo y parte de la oposición.
Libre mercado en los precios
Es la libertad de mercado dirían los ortodoxos de la economía, con un discurso que bien les cierra a los sectores hegemónicos y que converge con la política del gobierno.
Desde el gobierno se sostiene el objetivo de las metas de inflación definidas a fines de diciembre de un 15% de inflación para todo el 2018. Con la proyección del indicador de enero solo se puede inferir una presión en la política de ajuste fiscal como parte de la ofensiva del capital contra el trabajo.
El encierro gubernamental en Chapadmalal colocó el acento en la unificación tras la estrategia del ajuste para disminuir el déficit fiscal.
La estrategia oficial se extiende a la lógica gran empresaria contra los ingresos populares y a favor de la ganancia, algo a sostener en las negociaciones colectivas de trabajo.
Por eso, la variable de ajuste de la economía son los ingresos populares: los salarios, las jubilaciones y pensiones, los beneficios sociales, la política de ingresos y de seguridad social.
¿Es un tema nuevo? No, es histórico, precisamente luego de la crisis de los 70 cuando opera una tremenda ofensiva capitalista contra los derechos salariales, laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
En efecto, en una larga tradición de luchas históricas, el movimiento social, especialmente de trabajadores y trabajadoras arrancó limitación a las horas de trabajo, mejoras en las condiciones salariales y de trabajo, con beneficios sociales extendidos y sustentados desde la legislación estatal.
Con la disminución de la tasa de rentabilidad a fines de los 60 y comienzos de los 70 se inició una ofensiva que continúa a escala planetaria para reducir derechos y conquistas sociales. Para el caso argentino el tema se verifica con la dictadura genocida, los 90 con explícitas políticas neoliberales y en la actualidad.
El consenso social está en disputa
La predica gubernamental y del empresariado hegemónico disputa consenso desde el accionar ideológico propagandístico de los principales medios de comunicación y sus comunicadores, periodistas, panelistas y voceros invitados, asociados a la difusión de un sentido común favorable al discurso del ajuste y en definitiva a la recomposición del orden capitalista.
Concentran la tarea en desprestigiar las iniciativas políticas que confrontan con el diagnóstico oficial y del poder y demandan otra distribución del ingreso y de la riqueza, que en estas horas s e concentra en la movilización del 21F.
Iniciada como un reclamo de camioneros por sus reivindicaciones escaló a una movilización de un amplio abanico sindical y social que articula a sectores de la CGT,  ambas CTA, la CTEP y otros movimientos sociales y populares, con pretensión de organizar el descontento y la protesta.
El eje de la crítica es a la política económica del gobierno Macri, lo que habilita una discusión sobre una perspectiva de organización económica con otros objetivos.
¿Es ello posible? Si, solo si se logra ganar el sentido común de la sociedad, por ejemplo, discutir el tipo de inversiones que el país requiere para superar el límite de la pobreza, el desempleo, la miseria y la insatisfacción social de necesidades múltiples.
El asunto es que en el discurso oficial se sostiene la necesidad de lograr inversiones con el destino que los inversores decidan, sea para ampliar el parque automotor u obras de infraestructura para sostener un modelo productivo y de desarrollo para favorecer la ganancia y la acumulación de capitales.
Como no se quiere discutir el rumbo de las inversiones ni la política económica se embarra la cancha. Ayuda en este sentido la corrupción en ámbitos sindicales y sociales, claro que se tapa la propia corrupción gubernamental, con cuentas en el exterior y fuga de capitales de parte de funcionarios. Evasión fiscal y connivencia familiar y empresarial.
Desde esas denuncias contra la corrupción se pone en duda al conjunto de las luchas sociales, incluso denostando las demandas de los más empobrecidos.
La “política” está en discusión
En definitiva, se discuten estrategias e iniciativa política. Queda clara la orientación oficial y de un sector de la oposición que converge, con matices, con las demandas del sector económico hegemónico local y global.
Por su parte, en el amplio arco opositor el debate estratégico es diverso y limita las posibilidades de unificación más allá de los reclamos reivindicativos inmediatos, eje de la unidad del 21F.
Las diferentes estrategias están en juego en la disputa del consenso de la sociedad, entre los que destaca la propuesta por volver a la lógica de gobierno de las administraciones kirchneristas y un polo visible de una parte de la izquierda partidaria. Entre esos proyectos existen innumerables organizaciones y propuestas que buscan articular un posicionamiento que organice las aspiraciones por otro orden social.
Estas estrategias, o parte sustancial de ellas comparten la movilización y reivindicaciones del 21F, pero recelan de un camino en común más allá de la protesta y demanda inmediata, lo que supone habilitar espacio para la hegemonía que disputa el macrismo, por ahora en el ámbito electoral y con pretensión de extenderse como nueva propuesta de dirección del orden político en la Argentina, coincidente con una lógica similar en otros países de la región y del mundo.
La renovación del sistema de partidos, o de la democracia en el capitalismo, con empresarios o representantes directos a la cabeza de los gobiernos remite a la crisis de la representación o de la política, lo que demanda creatividad para resolver el problema para quienes sustentan una posición por otro orden social posible, contra y más allá del régimen del capital.
Por eso sostenemos que las discusiones actuales transitan el camino de la unidad en acción en lo inmediato y un proceso de más larga duración por el rumbo de la “política” para darle carnadura a un proyecto social con perspectiva por la emancipación social.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2018



Favorecer la ganancia y afectar los salarios en el eje de la política económica del gobierno Macri


El gobierno tomó deuda pública esta semana, ofreciendo bonos a un año con un rendimiento del 22,5%, o la inflación más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los privilegiados.
Al mismo tiempo aspira a colocar un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una futura negociación consensuada por patrones y sindicatos si la inflación resultara mayor. No hay intención de ajuste automático al alza, sino que otorgaría la posibilidad de una nueva negociación. Todo dicho en potencial.
Queda claro que existen dos varas muy diferentes para considerar los ingresos de la población. Una generosa para satisfacer al inversor capitalista, otra restrictiva para atender las demandas de actualización salarial de los trabajadores. En la regresiva distribución de ingreso está el destino económico en la Argentina.
Es un tema preocupante, cuando todo indica que el alza de los precios para este año se proyecta de manera similar a la del 2017, y sabemos que la inflación es un mecanismo regresivo de distribución del ingreso.
Se consolida así la vara diferenciada utilizada en la distribución del ingreso para afirmar polos pequeños de riqueza y abundancia de pobreza.
Un horizonte de conflictos y represión
Aparece claramente un horizonte de conflictividad creciente, verificado en el paro bancario en la previa del feriado por carnaval y las movilizaciones del 15F y del 21F promovidas en unidad por movimientos sociales y centrales sindicales, como parte de un plan de acción que puede derivar en la convocatoria a un paro nacional a corto plazo.
En torno al conflicto se juega la disputa del sentido común en la sociedad, ya que no solo interviene la lógica económica, de bolsillo, en el humor político de la sociedad.
Por eso, en el discurso oficial se insiste con una lógica argumental contra el “sindicalismo”, englobando a todas las organizaciones sindicales en el fenómeno de la corrupción y las prácticas clientelares, tanto como denigrando el trabajo social y político entre los más empobrecidos.
Resulta más una crítica a los pobres que una sostenida política contra la pobreza, exacerbada con la intencionalidad mayoritaria favorable al gobierno en los medios masivos de comunicación. En ese plano se inscribe la nueva política de combate del delito abonando un clima social cultural por la represión.
Insisto en el discurso oficial porque hace al consenso social en disputa, aun cuando las condiciones de vida sean cada vez más desfavorables para la mayoría de la población de menores ingresos.
También desafía la cuestión a quienes bregan por un nuevo modelo de organización sindical y social, para reorientar prácticas y propuestas desde una radicalización democrática y construir nuevas subjetividades que interpelen a la sociedad para un nuevo rumbo de la economía y la política, que abandone la subordinación del funcionamiento de la economía con base en mayor endeudamiento público.
Crece la deuda pública y subsiste la especulación
Los bonos colocados por el Ministerio de Finanzas fueron en pesos y por el equivalente de 3.500 millones de dólares, más una renovación de Letras del Tesoro por 1.000 millones de dólares.
En total suman 4.500 millones de dólares que se adicionan a los 9,000 millones de dólares emitidos en enero pasado, Son nuevos 13.500 millones de dólares en los dos primeros meses del año.
La previsión para todo el 2018 alcanza a los 30.000 millones de dólares. Una verdadera hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, máxime cuando la expectativa es de crecimiento de las tasas internacionales de interés.
Ese previsible aumento de las tasas internacionales empujado por EEUU es lo que explica en estos días el derrumbe de las bolsas en el mundo, con epicentro en Nueva York, lo que acarrea consecuencias sobre todos los países, obviamente también sobre la economía argentina y regional.
Las consecuencias se perciben en la suba de la divisa, ya en torno de los 20 pesos por dólar, lo que supone una devaluación que afecta la capacidad de compra de los sectores mayoritarios del país, los que menos ingresos perciben.
Entre los especuladores se resuelve la incógnita cambiando acciones por dólares u otras monedas; vendiendo Letras del Banco Central y comprando bonos del tesoro; pero el problema es para la mayoría de la sociedad, la que vive de la venta de su fuerza de trabajo o aquellos que producen o comercian con los que perciben ingresos fijos.
Canalizar la protesta
Los trabajadores o trabajadoras se aferran a sus puestos de trabajo ante el temor del despido, presionando a una lógica defensiva que facilita la irregularidad en el empleo.
Es un fenómeno con consecuencias directas sobre productores y empresarios pequeños y medianos que orientan la producción o el comercio en este sector de bajos ingresos.
Ambos sectores se empobrecen y necesitan canalizar su descontento, lo que exige atractivas iniciativas de organización y de unidad en confrontación de la política hegemónica, algo que puede percibirse en la articulación detrás del 15F y del 21F.
Queda clara la iniciativa política del gobierno y las clases dominantes, que solo puede contrarrestarse con otras iniciativas en sentido inverso.
La incógnita es que iniciativa se impone, la del poder económico y político en aumentos de precios (entre ellos el dólar), tarifas y deuda pública, o la protesta social organizada hacia otro rumbo económico para favorecer necesidades sociales.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018

Crecen los precios y pretenden disminuir salarios

A fines de diciembre del 2017 el Gobierno de Macri anunció el cambio de las metas de inflación, del 10 al 15% para todo el 2018, al tiempo que promovió una baja de las tasas de interés que paga el BCRA por las LEBAC, de casi 29% a menos del 27%, logrando una disparada del dólar que se acerca a los 20 pesos por dólar.
En rigor, el movimiento inverso entre tasas y cotización de las divisas remite al carácter especulativo de la economía local y aleja cualquier posibilidad u optimismo para pensar en el crédito como instrumento para el crecimiento productivo.
La medida adoptada por el Gobierno era un aliento a la liberalización de los precios, entre ellos el del dólar. Estos incrementados precios se descargan sobre la sociedad y en beneficio de los que perciben esas facturas aumentadas, sean de transporte, energía, telefonía, medicina pre paga, combustibles o peajes, entre muchos otros.
De hecho, este comienzo del año inició una serie de aumentos de precios que se proyectan por lo menos hasta junio, arrastrando una espiral inflacionaria que pone en discusión los pronósticos oficiales.
¿A cuánto ascenderá la inflación de enero y cuanto arrastra hacia febrero?
No resulta sencillo responder el interrogante, cuando sospechamos que la inflación anualizada desde Febrero 2017 a Enero 2018 supera a la del año pasado y con disminución de los ingresos de la mayoría de la sociedad.
Es más, con apoyo político y legislativo de parte de la oposición ya se generaron condiciones para reducir ingresos de jubiladas, jubilados y otros perceptores de planes sociales, estimados en 100.000 millones de pesos.
Ahora pretenden frenar la demanda salarial, empezando por anular la paritaria nacional de los docentes, que siempre actuó como disparador de las negociaciones ante la inminencia del inicio de las clases.
Para eso lo necesitan al Ministro de Trabajo, aún con el papelón incurrido por sostener como patrón el carácter irregular de una empleada familiar y además localizarla arbitrariamente en una intervención sindical.
El papel del Ministro apunta a contener la demanda de actualización salarial y el Gobierno confía en los lazos desarrollados con sectores funcionales del sindicalismo a esa negociación con las patronales y el Gobierno.
Claro que no resulta sencillo disciplinar al movimiento sindical y social, menos luego de las movilizaciones en diciembre y el impacto generado en buena parte de la población, incluso votantes y adherentes ideológicamente del rumbo gubernamental.
La pérdida de consenso se verifica en algunos editoriales y columnistas de medios altamente favorables al rumbo y orientación del PRO y Cambiemos, que imaginan un cambio de personas para sostener la misma política de distribución regresiva del ingreso.
Protesta y conflicto en ciernes
Esta situación inflacionaria se monta en una coyuntura donde los despidos están al orden del día, con información oficial de crecimiento del empleo de menor calidad y con escaso impacto en el empleo privado, regular y del sector industrial.
Diverso es el clima social, con consensos a la política oficial aun cuando afecta la economía a la mayoría de la sociedad, perceptora de ingresos fijos por salarios o beneficios sociales.
El descontento crece y existe un activo social organizado que pretende expresar públicamente la protesta, y ya se anuncia una próxima movilización encabezada por sectores de la CGT, las CTA y otros varios movimientos sociales.
La discusión incluye cómo seguir, lo que supone un horizonte de paro nacional y de conflicto extendido ante la persistencia de una política de ajuste regresivo contra los salarios y los ingresos populares.
Desde el FMI se demanda explícitamente que para superar la situación de la Argentina en materia de inflación se requiere contener la demanda salarial, en una orientación para morigerar la demanda de actualización de salarios, que pueda sustentar el atractivo de los inversores y sus esperadas ganancias.
La evolución de la economía augura conflictividad social creciente, porque aún las noticias de record en la venta de automotores en enero del 2018 suponen un acrecentamiento del déficit comercial por importación de autopartes y unidades producidas en el exterior. El déficit comercial escalará a 10.000 millones de dólares en 2018, contra los 8.500 millones del 2017.
Ese déficit, sumado al fiscal se paga con mayor endeudamiento que supone un crecimiento de los intereses a pagar y que afectan otros rubros del gasto, condenando a un recurrente ajuste fiscal vía achicamiento del gasto social.
Como siempre sostenemos, la incógnita política es cual presión pesará más, la del ajuste o la protesta y la movilización social para otro modelo productivo y de desarrollo con otros beneficiarios y perjudicados.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018