La agenda económica del futuro en discusión


Las cartas están echadas en la disputa económica, es decir, por los ingresos y la riqueza, y cada cual atiende su juego en el presente y se posiciona a futuro en la perspectiva del recambio del turno presidencial a fines del 2015.
Se discute la política económica de hoy y de mañana, tanto como el orden económico, la producción y la distribución, los beneficiarios y los perjudicados.
Es una cuestión social y política, por lo que actúan movimientos y partidos mediados por la institucionalidad cultural y mediática. Se disputa el sentido común de la sociedad: la hegemonía.
Gobierno
El gobierno pretende sortear el momento con varios frentes abiertos en el orden externo y local.
Con los de afuera se privilegia la discusión con la justicia estadounidense y los fondos buitres, lo que le impide cerrar su objetivo de retornar al mercado mundial de crédito y atraer inversiones externas, especialmente dirigidas al sector energético, con déficit estructural e importante superior a los 10.000 millones de dólares anuales y que incide en los desequilibrios macroeconómicos y en la escalada de los precios locales.
En razón de ello se explica parte del debate hacia adentro y en la intención de contener la escalada de precios acude a correcciones a la ley de abastecimiento para verificar precios y la cadena de valor, recogiendo lógicamente la crítica del poder económico local, impune en el establecimiento de los precios que sufren los sectores de ingresos fijos.
Mientras se define la situación externa derivada de la deuda se sostiene una iniciativa política con una prédica crítica al orden imperialista en la disputa del consenso social, acompañando propuestas legislativas que adecuan la agenda a la nueva situación, por lo que se impulsa la ley de pago soberano y las modificaciones a la legislación sobre abastecimiento, inoperante hasta ahora pese a su sanción desde 1974.
Empresas y poder económico
Si el gobierno se juega desde ahora y hacia el fin de mandato en 2015 la herencia de una política económica sostenida en tres turnos presidenciales, el poder económico hace visible sus reivindicaciones con la crítica a toda regulación económica y presiona para una inserción plena en la lógica de la liberalización económica mundial, aun profundizando el carácter subordinado de la economía local.
Queda claro en la presión por nuevas y recurrentes depreciaciones de la moneda local y ganar no tanto en competitividad sino en formas de apropiación de una cuota mayor de la renta nacional generada desde el trabajo social en el país.
Por eso se escamotea la comercialización de la cosecha o se presiona al BCRA para liberar divisas a precio oficial para cancelar importaciones para el ensamble de productos fabriles en el país.
El sector financiero a su manera, vía bancos, bolsas, seguros o intermediación especulativa de activos disputa al alza la cotización de las divisas.
Así, el poder económico agrario, industrial o financiero condiciona con su accionar y demandas al gobierno actual y al futuro emergente de la renovación en el 2015.
El objetivo apunta a consolidar la institucionalidad liberalizadora lograda en tiempos de la dictadura y el menemismo, confirmando la irreversibilidad de un modelo productivo con privilegio en la soja, la mega minería y la industria de ensamble. Recordemos además, que todo ello fue posible con el endeudamiento público y la legislación de entidades financieras y de inversiones externas sobrevivientes de los años de la dictadura genocida.
Trabajadores
Los trabajadores también se expresan. El paro general del 27 y 28 de agosto pasado se hizo sentir más allá de la cuantificación que se realice.
Es un hecho político que pone en juego las demandas de amplios sectores afectados por la desaceleración económica y la recesión productiva, expresada en cesantías y suspensiones.
Las reivindicaciones levantadas en el paro fueron varias, con epicentro en el salario y los ingresos populares.
Se sostiene como cuestión de fondo que los ingresos populares no alcanzan para satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y su familia, estimada en el orden de los 10.000 pesos y un salario promedio que apenas ronda los 6.000 pesos mensuales, con un mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que se acercará en los próximos días a 4.860 pesos (35% de actualización) luego de reunido el “Consejo del Salario”, pero que solo expresa una referencia, puesto que son muchos los trabajadores que perciben ingresos inferiores a ese monto, especialmente en los Estados municipales.
Peor es la situación si consideramos a los trabajadores pasivos, con una mayoría en la mínima de 2.757 pesos mensuales y que en septiembre alcanzará los 3.231, monto que apenas cubrirá un tercio de la canasta de bienes y servicios para satisfacer la vida cotidiana.
En ese marco se inscribe la demanda de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a un millón de trabajadores.
Pero no se trata solamente de ingresos, sino que se discute la recesión y la respuesta patronal de suspensiones y despidos, por lo que la movilización llevó al Parlamento la demanda de una legislación que clausure la posibilidad de suspensiones y despidos.
Las ganancias acumuladas en estos años permitirían soportar los efectos de la recesión en curso, claro que eso supone pensar en un Estado capitalista con disposición a restringir la lógica de la ganancia.
El solo hecho de empujar la demanda de restricción a las ganancias supone pensar en propuestas anti capitalistas, resistidas por las patronales y sus burocracias legislativas, judiciales, en el poder ejecutivo y en los medios de comunicación a su servicio.
La suspensión de la deuda y la auditoría de la misma formaron parte de los reclamos de algunas de las organizaciones movilizadas por el paro, tal el caso de la CTA que lidera la convocatoria a una campaña popular en demanda por una salida alternativa a la cuestión de la deuda pública, que recurrentemente vuelve al debate de la economía y la política en el país.
El cuadro general: recesión, empleos y precios
La recesión y el incremento de los precios, entre ellos de las divisas, son un dato de la realidad y tiene impacto regresivo en la distribución del ingreso y en el empleo.
En el horizonte cercano no se ven correcciones importantes de política económica que reviertan estructuralmente la situación. En el marco del desarrollo capitalista no alcanza con inversiones públicas ni ampliación del gasto estatal, asuntos que empuja el gobierno en los últimos tiempos, aun con límites por la situación fiscal y financiera.
Por ello, el gobierno sigue en la búsqueda de conseguir capitales externos, vía inversiones o préstamos, algo que aparece difícil ante la conflictividad externa derivada de la sentencia Griesa.
Sin embargo, la presencia por estos días del titular de YPF por Malasia y China para acercar divisas en la explotación de hidrocarburos no convencionales y la visita urgente del Ministro de Economía a Brasil  para activar la producción y venta de automotores a ese país (principal comprador) están encaminadas a intentar resolver el cuello de botella del sector externo. Brasil también está preocupado desde que acumula dos trimestres de caída del PIB, o sea, también entró en recesión.
De lo que se trata es de facilitar la ampliación de la producción vía estímulo a inversiones del capital externo, ya que existen límites a la inversión privada de capital local, más interesada incluso en la fuga de capitales que en organizar un ciclo de reproducción ampliada en el país, confirmando la lógica especulativa y dependiente del funcionamiento del capitalismo en la Argentina y el parasitismo de su burguesía local.
No solo existen trabas por falta de inversiones, sino que la disputa por los dólares, entre gobierno y empresarios adiciona complicaciones al ciclo productivo dependiente de las fábricas de ensamble o armaduría.
Para que funcione la industria local hacen falta cuantiosas importaciones de partes e insumos importados y por eso, mientras no llegan divisas para abultar reservas, las importaciones para la industria siguen frenadas y los principales fabricantes denuncian deudas con proveedores superiores a los 4.000 millones de dólares por importación de partes.
No está prevista en el corto o mediano plazo una reestructuración industrial que apunte a la producción local vía sustitución de importaciones. Es algo que quedó claro con la importación de materiales ferroviarios cuando existía en el país la capacidad histórica para su producción.
¿Qué pronóstico? ¿Qué hacer?
El pronóstico es de continuidad esencial del cuadro depresivo y con crecimiento de precios y afectación a sectores de menores ingresos, agravado con la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el primer semestre del 2014 según informó el INDEC.
Todo indica que se acabó el proceso de recuperación de la economía con ampliación del empleo, especialmente desplegado entre 2002 y 2008, duramente afectado en 2009 y que pareció recuperarse entre 2010 y 2012, para congelarse y deteriorarse entre 2013 y 2014.
El problema radica en que el empleo creció de la mano del sector menos dinámico de la economía, con atraso tecnológico, orientado al mercado interno y no expuesto a la competencia internacional. El sector más dinámico, moderno y competitivo internacionalmente viene perdiendo empleo en el último tiempo, es el caso de las automotrices.
No se visualiza una mayor demanda de empleo en el corto plazo, por lo que el efecto sobre el empleo seguirá siendo importante y las condiciones de funcionamiento del orden capitalista no presentan soluciones para las expectativas de los trabajadores.
Esa es la importancia del programa anticapitalista a sustentar desde los trabajadores, siendo algo que supera las fidelidades políticas en la coyuntura y aparece como desafío para la clase obrera en la actualidad.
Desde el punto de vista económico la ecuación es salario contra ganancia y no parece que la burguesía, especialmente la más concentrada esté dispuesta a resignar beneficios cuantiosos acumulados en la década.
La única manera de resolver la ecuación proviene de medidas de política económica, entre las cuáles sobresale el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o su eliminación directa, lo que podría asociarse a una reforma impositiva para gravar al capital financiero y a las grandes fortunas, algo que no aparece en la agenda del gobierno.
También podría profundizarse una línea de acción contra las empresas en crisis, para la recuperación por el Estado y sus trabajadores en un marco de discusión y modificación del modelo productivo y de desarrollo.
En el mismo sentido apuntamos a la nacionalización del comercio exterior o de la banca, imprescindible para frenar la fuga de capitales y la subordinación a la lógica especulativa del capitalismo contemporáneo.
Insistamos en que la resolución de este conjunto de problemas requiere la lucha con el régimen del capital en su etapa imperialista y de transnacionalización creciente.
¿Qué presión pesará más?
La presión del poder económico para una devaluación es importante. Remito al accionar del sector agrario (especialmente grandes productores y exportadores, particularmente de soja) y también sectores fabriles asociados a la exportación (automotores, electrónica y electrodomésticos).
En el mismo sentido actúa la presión especulativa del sector financiero, lo que se expresa en las negociaciones del dólar ilegal con impacto en el conjunto de otras divisas.
Desde el gobierno se sostenía que no iba a devaluar y las presiones se abrieron paso en enero del 2014.
Ahora se sumó en sentido contra hegemónico la presión de los trabajadores con el paro nacional del 27 y 28 de agosto.
El interrogante es cuál de las presiones pesará más. La agenda en discusión en el gobierno es más cercana a la del poder que a la de los trabajadores, con lo cual puede pensarse que las mini devaluaciones que llevaron al dólar de 8 pesos a 8,42 desde enero a agosto, pueden profundizarse en cuenta gotas, o con una mega devaluación reproduciendo la lógica de inicio de este 2014. El impacto regresivo sobre los trabajadores y sus familias será gigantesco.
Resulta imprescindible acrecentar la iniciativa política de los trabajadores, no solo por evidenciar la agenda de demandas económicas, sino para intervenir en la disputa política de la Argentina.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014

Ley para el cambio de la Jurisdicción y nuevo capítulo en la novela de la deuda

En materia de deuda pública existe un fuerte consenso en el sistema político para pagar, tanto en el oficialismo como en la oposición sistémica.
El gobierno presentó un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, cambiando la sede de pago y el ente fiduciario responsable a los acreedores que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010. Con esa ley se empuja un nuevo canje voluntario para cobrar la deuda canjeada y se designa al Banco Nación como ente de pago en lugar del banco de Nueva York. En el proyecto se incluye la decisión de cumplir con el 100% de los acreedores, es decir, también a los fondos buitres.
Más allá de la discusión parlamentaria que se suscitará en los próximos días, se desconoce el efecto de la medida entre los bonistas ingresados a los canjes. Por eso, se sugiere que la medida parece un intento del gobierno por inducir a los bonistas del canje a demandar al juez estadounidense para que levante la acción que impide cobrar en el Banco Mellon de Nueva York, tal como lo hicieron bonistas europeos o el propio City Bank, cuyo reclamo aceptó en estos días la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El problema es que el 30/9 hay un nuevo vencimiento de la deuda del canje y se pretende depositar los recursos en el Banco de la Nación como nuevo ente fiduciario para la cancelación de deuda. También se depositará allí el monto de cancelación de los bonistas no ingresados a los canjes, incluidos claro está los fondos buitres, bajo las mismas condiciones de los canjes del 2005 y 2010.
La discusión mayoritaria en la Argentina continúa en la senda del pago de la deuda y no en la investigación o auditoría de la misma, lo que supondría la suspensión inmediata de los pagos del conjunto de la deuda pública. Es la manifestación del club de pagadores, que avalaron los canjes del 2005 y 2010 y coincidieron en la reapertura del 2013.
Argumentos para la nueva ley y base de una campaña alternativa
En el mensaje presidencial del martes 19 de agosto pasado se señaló que desde 1983 en adelante, el Parlamento legalizó la deuda e imposibilita revertir la situación. En ello coincide la oposición sistémica, aún matizando cuanto se debe pagar, cómo y cuando.
Vale recordar que en junio del 2000, la justicia argentina, mediante sentencia del Juez Ballesteros denunció el fraude de la deuda, lo que podría ser la primera parte de una auditoría que debería incluir las investigaciones judiciales relativas a los sucesivos canjes de deuda en tiempos constitucionales. Es un fallo que contradice el argumento de legitimación de una deuda fraudulenta. Esta es la base de los argumentos de quienes empujan una campaña popular para suspender los pagos de la deuda pública e investigar vía auditoría la misma.
Son dos posiciones confrontadas, una mayoritaria en el sistema político por pagar, con un debate sobre cuándo, cuánto y cómo. Otra más asentada en sectores del movimiento popular por el no pago, que incluso contacta con argumentos contra los fondos buitres que sostienen adherentes a la política oficial.
La posición gubernamental fue sostenida en el discurso presidencial del pasado martes 19 de agosto al anunciar la remisión al Congreso de un proyecto de ley para el  “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”[1].
Al anunciar el proyecto de ley en cadena nacional, la presidenta sostuvo que se trata de “...una historia, que comenzó en 1976, cuando el monto total de la deuda externa, al momento de producirse el derrocamiento del gobierno constitucional, ascendía solamente a 8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los sucesivos gobiernos democráticos también, desde el 10 de diciembre de 1983, en adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en una condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación.”[2]
Queda clara la alusión a la “legalización” del fraude de una “deuda odiosa” asumida por la dictadura entre 1976 y 1983 por la hegemonía parlamentaria, pese a la sentencia condenatoria del Juez Ballesteros de junio de 2000 imputando responsabilidades a varios funcionarios y complicidad de empresas y bancos privados, locales y extranjeros. Esa legalización se utiliza como escudo para no investigar la deuda y continuar la estrategia de cancelación, que en estos años, según se reconoce en el discurso presidencial han representado nada menos que 190.000 millones de dólares, un monto equivalente a 3.800.000 viviendas a un costo de 50.000 dólares cada uno, más que suficiente para resolver el déficit de viviendas en el país.   
Como mucho, desde la oposición sistémica se discute cuando y como pagar la deuda, algo que ocurrió cuando se debatió cancelar deuda con reservas internacionales (posición del ejecutivo) o con recursos fiscales (sostenido por la oposición sistémica y el titular del BCRA), lo que motivó un importante conflicto político en enero del 2010 con la renuncia a la presidencia del BCRA de Hernán Martín Pérez Redrado, y más tarde, en abril del 2012, las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA.
El debate relativo a cuando y como pagar se reitera ante la sentencia del Juez Griesa en EEUU, favorable a los fondos buitres. En general no se discute ni investiga el fraude, por lo que crece una campaña popular por la suspensión de los pagos y la auditoría inmediata del conjunto de la deuda pública.
El comunicado de prensa mencionado de la Casa Rosada señala que los objetivos del proyecto remitido al Congreso de la Nación “...es salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010” y agrega que “... se instrumentará el canje, en las mismas condiciones, para los acreedores que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones”, enfatizando “Que nadie diga que Argentina se niega a pagar: lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó la Jefa de Estado.”
El proyecto de ley, con todo su palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.
“Capitanich hizo una síntesis de la iniciativa enviada ayer al Congreso: "1- Establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que establecieron la reestructuración de la deuda de 2005-2010. 2 - Cambio del agente fiduciario, que incumplió el contrato y su sustitución por Nación fideicomiso 3 - Jurisdicción: la Argentina establece los mecanismos para que el depósito correspondiente a los servicios de la deuda llegue a los tenedores de modo voluntario; los tenedores deben aceptar la jurisdicción y, consiguientemente, establecer los mecanismos para recibir los pagos".[3]
Consultado sobre la perspectiva de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de tenedores, el funcionario respondió que "es factible en el marco del prospecto". No obstante, explicó que la Argentina "ha tomado decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley de pago soberano y propicia dos decisiones trascendentales: el cambio del agente fiduciario en virtud de que el agente oportunamente designado incumple sus obligaciones y el cambio de lugar de pago, no de jurisdicción, lo cual permite garantizare que al tenedor de modo voluntario puede efectivamente cobrar en la Argentina".
Respecto al anuncio realizado el martes 19 de agosto sobre el envío del proyecto de ley de pago local a los tenedores de bonos, según informa la Casa Rosada en mensaje citado, Cristina Fernández sostuvo que el objetivo es “además de evidenciar la voluntad e pago al 100% de los acreedores, generar los instrumentos para que esa voluntad de pago se materialice en tiempo y forma”. Puntualizó que “el próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar se operará el 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro en octubre y uno más grande en diciembre”. Afirmó que esta solución surge “ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido” por parte del juez Griesa para que los bonistas puedan hacerse con los recursos que les pertenecen.
Acerca del diferendo con los fondos buitres, insistió que “nos dimos cuenta que el negocio de ellos era no negociar, no acordar. Y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que debíamos generar instrumentos para garantizar el pago de la deuda”. “No es una actitud patriotera, no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina. Simplemente, voy a recurrir a la verdad, a las injusticias e ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún camino más que realizar este canje de deuda”, aseveró.
Afirmó que “si alguien quiere dar más, tendrá su oportunidad de gobierno, para hacerla. Pero esta Presidenta cree realmente que se ha pagado lo que correspondía”. Resaltó que “Argentina ha pagado 190 mil millones de dólares, en materia de deuda” y agregó que se ha “logrado la ratio de deuda más bajo de nuestra historia”.[4]
El contexto económico y político
El conflicto suscitado con los fondos buitres y la justicia estadounidense no resulta inocuo en materia económica y político y se siente en las múltiples presiones en la disputa por la renta nacional y en la gestión del capitalismo local y en la expectativa por generar alternativa popular.
Desde el gobierno, la preocupación radica en la interrupción de una estrategia que apuntaba a retornar al mercado de crédito mundial. Así lo reconoce la Presidenta cuando en su mensaje destacó el reciente pago a Repsol, el cumplimiento de las sentencias del CIADI y el acuerdo con el Club de París. Ahora, el default selectivo decretado por las consultoras al servicio del sistema financiero mundial demora el ingreso de inversiones o de préstamos externos que requiere el sector privado y público en la Argentina.
La realidad es que existen tensiones en la cuestión fiscal y en el comercio externo que no se resuelven en las condiciones actuales sin ingresos de capital del exterior. Entre otros indicadores, uno de ellos es la tendencia a la pérdida de reservas internacionales. Por un lado motivado en las recurrentes cancelaciones de la deuda, que hasta fines del próximo año demandan más del 50% de las reservas, pero también para intentar contralar la depreciación de la moneda local, que el viernes pasado (22/08/2014) una importante venta de dólares de reservas realizada por el Banco Central para contener la subida del dólar oficial que había llegado a cotizarse a 8,44 para dejarlo al cierre de la jornada a 8,40 pesos por cada dólar.
Esos movimientos en la divisa estadounidense están asociados a presiones del “club de la devaluación”, por razones especulativas o asociadas a demandas de grandes productores y exportadores. El sector más concentrado de las finanzas privadas y de la producción industrial y agraria buscan acelerar las devaluaciones de la moneda local, en un mecanismo similar al de hace un año y que culminó con la devaluación de enero pasado con un dólar a 8 pesos. Vale recordar que desde enero del 2013 a enero del 2014, la cotización oficial había pasado en minidevaluaciones semanales o incluso diarias, de casi 5 a casi 7 pesos por dólar y ahora, desde la corrección cambiaria de enero se pasó de 8 a 8,40 entre enero y agosto de 2014.
El problema es que la divisa es un precio más en la economía y por lo tanto, hasta por razones especulativas o de expectativas incide en el conjunto de los precios y afecta a los sectores de menores ingresos, base del conflicto social y el anunciado paro nacional de la próxima semana (27 y 28 de agosto).
Las empresas suspenden y cesantean bajo el marco de la recesión y desde el gobierno se sale al cruce de la situación planteada convocando al Consejo del Salario Mínimo para el 29 de agosto, al día siguiente de finalizada la medida de fuerza convocada por la CTA y la CGT. El sindicalismo convocado al evento anticipa un incremento del 35%, acorde a la evolución de los precios en el último año, muy lejos de las cifras oficiales.
Asistimos a una pulseada con intereses confrontados que vía precios e inestabilidad laboral se descarga sobre los trabajadores y sectores de menores ingresos.
El sindicalismo oficialista posterga toda protesta y subordina sus reivindicaciones bajo los argumentos del oficialismo de privilegiar la discusión en la coyuntura en materia de deuda. Se intenta profundizar la fragmentación en la lucha del movimiento de trabajadores. En contraposición, la política de unidad de acción en la confrontación al ajuste, aún con modelos sindicales diferenciados y antagónicos, la jornada de movilización y paro por 36 horas de la CTA en coincidencia con el paro de 24 de la CGT apunta a hacer visible a los trabajadores como actores sociales en la disputa política.
La discusión en torno a la acumulación política de la protesta pone en evidencia la necesidad de construir alternativa política popular que otorgue cauce a la demanda anticapitalista para superar la situación actual de ajuste perpetuo y chantaje vía endeudamiento público.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2014



[1] “La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa”, Martes, 19 de Agosto de 2014, Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27836 (consultado el 23 de agosto de 2014)
[2] “Anuncio del proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa: Palabras de la Presidenta de la Nación”, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27838-anuncio-del-proyecto-de-ley-de-pago-soberano-local-de-la-deuda-externa-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion (consultado el 23 de agosto de 2014)
[3] “Capitanich: proyecto de ley sobre deuda pública busca "garantizar la voluntad de pago incólume de la Argentina", Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27840-capitanich-proyecto-de-ley-sobre-deuda-publica-busca-qgarantizar-la-voluntad-de-pago-incolume-de-la-argentinaq (consultado el 23 de agosto de 2014)
[4] “La Presidenta remarcó la necesidad de “generar un mercado de capitales propio en la Argentina”, Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27841-la-presidenta-remarco-la-necesidad-de-generar-un-mercado-de-capitales-propio-en-la-argentina (consultado el 23 de agosto de 2014)

Inflación, deuda y problemas de empleo y salarios

Variadas son las tensiones en la economía local y destaca entre otras el alza de los precios en general y las demandas empresarias por la devaluación del peso.
La devaluación supone el aumento de un precio en particular, el del dólar, lo que incide en los ingresos de los grandes productores y exportadores, como en las valorizaciones de los activos en moneda extranjera en manos de la élite del poder económico en el país.
Además, ese precio del dólar y las divisas en general, se incorpora como costo de importaciones diversas y expectativas de aceleración de precios en general en desmedro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Deuda
A esas cuestiones hay que sumar las presiones de los acreedores externos, especialmente desde la demanda judicial en EEUU. Una situación que se reiterará, por lo menos hasta comienzos del 2015, plazo que parece haber establecido el gobierno argentino para negociar y cumplir la sentencia estadounidense y no soportar el potencial costo de la cláusula RUFO.
En ese sentido vale consignar que las novedades son cotidianas, con un juez que no atina a embargar los fondos depositados a fines de junio en la banca de Nueva York, realizados por el gobierno argentino con destino a los bonistas del canje 2005 y 2010. A fines de septiembre puede repetirse y agravarse la situación por nuevos vencimientos de la deuda negociada.
Las condicionalidades del propio juez neoyorkino se derivan del accionar de terceros, caso del City Bank, que solicitan la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Nueva York que se revise el fallo de Griesa y se destrabe una situación que afecta al negocio de la especulación financiera global.
Por su parte, la solución entre privados, los Bancos que ofrecen comprar bonos a los fondos buitres, no avanza. Entre las explicaciones que circulan se aduce falta de acuerdo en el precio de los bonos de la sentencia, aunque también, la noticia de una negociación entre bancos y buitres parece una operación de prensa de grandes bancos transnacionales que intentan con sus anuncios frenar la desvalorización de sus tenencias de bonos argentinos. Es que más allá de cualquier debate, esos bonos que figuran en los balances de los grandes bancos son calificados en default para el sistema financiero global.
La novedad política en el país es el inicio de una campaña popular que sostiene la suspensión del pago de la deuda y su investigación, impulsada por un amplio abanico de organizaciones y personalidades que esta semana desplegó mesas de debates en algunas ciudades del país para generar consenso en tratamientos alternativos a la cuestión del endeudamiento y la conflictividad a propósito de los buitres y la justicia de EEUU.
No es menor el impacto en la Argentina del embrollo Griesa. Es importante e incide sobre las certidumbres de rentabilidad que pretenden los inversores en tiempo de crisis y entre otras cuestiones se manifiesta en la discusión sobre el nivel de las tasas de interés que promueve el Banco Central, una cuestión que se presenta como internas entre el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía. Aquel en perspectiva más ortodoxa y por la estabilización macroeconómica y éste más afecto a la recuperación de la economía más allá de la escalada de los precios.
Por eso es que se discute a quién beneficia el alza de tasas luego de la devaluación de enero y ahora a la baja. Es una tensión entre favorecer la especulación financiera entre tasas, bonos y divisas aun enfriando la economía y generando costo social, o el crecimiento de la producción para morigerar el efecto social de suspensiones y despidos. Es evidente que no es lo mismo una cosa que otra, pero sea por la rentabilidad financiera o productiva, el eje siempre está en el beneficio del inversor especulativo o productivo y el costo se difunde entre trabajadores y sectores empobrecidos de la sociedad.
Precios, ingresos y empleo
Todas son tensiones en la disputa por la renta nacional, que suponen beneficiarios y perjudicados de una trama compleja de relaciones socioeconómicas.
El problema a consignar es que el costo de estas tensiones recae sobre salarios y empleos, agudizando el deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población.
El marco general de funcionamiento de la economía es de una recesión que parece no terminar en el corto plazo y que se proyecta para todo el 2014, en consonancia con las tendencias verificadas en la región y en el mundo, aunque agravadas en la Argentina. El país aparece en las proyecciones estadísticas provistas por organismos internacionales entre los de más bajo crecimiento económico. Ese deterioro de la capacidad productiva en el país convoca a la disputa para no perder posiciones en la cúpula y a escala de la pirámide del poder económico y por ende, cada quién intenta trasladar el costo hacia sectores de menor poder relativo de una organización de la economía sostenida en la amplia base social por los trabajadores y diversos sectores sociales empobrecidos.
Un dato relevante es que el alza de los precios acumula a Junio un 16,7% según el INDEC y reaparece la discusión sobre el nivel efectivo del crecimiento inflacionario.
No se trata del dibujo grosero de las estadísticas hasta diciembre pasado, pero sí de privilegiar en el registro oficial los precios cuidados que no tienen alcance territorial nacional y disminuyen el promedio de los precios de los bienes de consumo cotidiano. A cuanto llegará la inflación anual es la preocupación del amplio arco social de ingresos fijos.
La desactualización de los ingresos populares, sea por el encarecimiento de los precios, el impacto del impuesto a las ganancias, las suspensiones y despidos motivan acciones diversas.
Iniciativa política en juego
El gobierno interviene en el cierre y pedido de quiebre de la estadounidense Donnelley que afecta a 400 trabajadores y a sus familias, y más allá de las acusaciones por “sembrar el terror” pretende contener el conflicto social y responsabilizar a buitres productivos. Es una iniciativa convergente con el impulso legislativo a instrumentos que condicionen, limiten y repriman las formas de protestas callejeras.
Vale interrogarse sobre las responsabilidades de la política económica y el modelo productivo y de desarrollo que otorga sustento a inversores como los de la gráfica estadounidense u otras empresas que hoy son visibles en el conflicto por el empleo y el ingreso de los trabajadores.
Esa iniciativa política del gobierno intenta recrear una subjetividad entre sectores socio político afines, con un discurso contrario a ciertas características del orden capitalista, escamoteando el reconocimiento que se trata de una tendencia hegemónica de la acumulación capitalista de época.
Claro que esa épica ocurre en simultáneo con una orientación a insertarse más decididamente en el mercado mundial de préstamos y atraer inversiones externas para perpetuar el desarrollo capitalista.
Un desarrollo que está plagado de buitres y no solo en el campo de las finanzas, tal como puede verificarse en la biotecnología, la alimentación o la mega minería a cielo abierto, la producción por ensamble en las automotrices, electrodomésticos o artículos para el hogar y otro sectores de la producción industrial.
Además del gobierno existen iniciativas políticas diversas que intervienen en la disputa por la organización de los trabajadores y el modelo sindical, con vetustas burocracias que sostienen sus posiciones renovadas en años de recuperación económica capitalista y extensión de negociaciones colectivas con beneficio para el sector formalizado del empleo. Son beneficios logrados desde la lucha de los trabajadores y apropiada por burocracias más interesadas en sus intereses corporativos y asociados a la rentabilidad empresaria.
La disputa por la voluntad de lucha y organización de los trabajadores está siendo protagonizada por proyectos políticos expresados en comisiones internas combativas, vinculadas a partidos de izquierda y a la voluntad creciente de la CTA por insertarse más decididamente entre los trabajadores del sector privado, parte importante de la motivación en la convocatoria al paro de 36 horas desde el 26 de agosto. La misma CGT no quiere quedar afuera y anticipa un próximo paro nacional, que será convergente con el anunciado por la CTA.
El fenómeno de lucha y organización que se difunde en nuestro tiempo remite a experiencias lideradas por un activismo que en algunos casos asocia su accionar con tradición en la izquierda social y política y en otros expresa la búsqueda por un nuevo modelo sindical, superador del modelo de negociación entre los intereses del trabajo y el capital.
La discusión apunta al límite de las demandas y reivindicaciones, interrogando sobre el alcance de las luchas, que no pueden quedarse en reivindicaciones democráticas por salario y condiciones de empleo y necesitan ampliarse a la discusión del modelo productivo y de desarrollo, en una crítica profunda al orden capitalista y a pensar más allá, en una perspectiva anticapitalista, anti patriarcal, contra la discriminación de patrones, burócratas sindicales y una cultura hegemónica que reproduce un estilo de vida que se satisface en el consumismo derivado de una matriz productiva para resolver cuantiosas ganancias.
Es el desafío para el movimiento obrero en la búsqueda de un lugar en la disputa por la renta y el poder en la Argentina.

Buenos Aires, 16 de agosto de 2014

Los salarios y el empleo en la discusión por la apropiación de la renta nacional

Los anuncios gubernamentales en nuevos planes para sostener el empleo y apoyar (subsidiar) a empresas es una señal de los tiempos recesivos que se viven[1].
Se anunció el Plan Proemplear para intentar intervenir en la ocupación del empleo de jóvenes trabajadores. Es una iniciativa asociada a otras recientes como el plan Pro.Crear para retener a los jóvenes en la escolaridad.
También se acudió a relanzar el Repro, Programa de Recuperación Productiva, para contribuir a las empresas en dificultades con el sostenimiento de parte de los salarios. Es un programa que se difundió en la última recesión del 2009 y que ahora se reflota, dando cuenta de un problema económico y social.
Otros anuncios apuntaron a sostener la actividad económica ante la evidente desaceleración y baja de la producción.
La política pública, vía planes sociales, financiamiento o inversión trata de limitar las restricciones que impone la desaceleración de la economía local en un cuadro de crisis global.
Recesión y argumentos cruzados
Desde la CEPAL[2] se corrige el crecimiento de la Argentina para el 2014, desde un 1% proyectado en abril al 0,2%.
Se trata una referencia coherente con los pronósticos a la baja de toda la región, del 2,7% al 2,2% y de la economía mundial, que también reflejan los organismos internacionales.
Es una consecuencia directa de la continuidad de la crisis mundial del capitalismo.
Los datos de la CEPAL son coincidentes con el cuadro de desaceleración económica y recesión productiva que motiva estas políticas públicas para intentar disminuir el ritmo de la caída de la tasa de actividad y del empleo.
En rigor, es lo que ya conocen los trabajadores y muy especialmente en la industria del automotor y otros sectores industriales, los que sufren suspensiones y cesantías, y que ante las manifestaciones de protesta reciben una combinación de represiones físicas y socio laborales en la complicidad de la burocracia sindical tradicional con las patronales transnacionales.
Entre los argumentos que se esgrimen para la represión desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, se privilegia en la contradicción de derechos, el referido a la circulación sobre el derecho al trabajo y las mejores condiciones de empleo y de vida.
Mientras, las burocracias reasumen un discurso macartista, patético en el mensaje discriminatorio del titular del SMATA contra las comisiones internas y los delegados de base y la solidaridad del sindicalismo clasista y la izquierda.
Las patronales, caso de la UIA, ejercen el chantaje del potencial aumento de las cesantías exigiendo al gobierno devaluaciones, las que afectan regresivamente el poder de compra del salario, y condiciones de política económica para sustentar inversiones y ganancias.
Resulta un cuadro de situación complejo para la defensa del empleo y el ingreso de los trabajadores. Existen anticipos de movilizaciones e incluso de paro nacional, con diferenciadas convicciones entre las centrales obreras.
Las centrales más cercanas al oficialismo resignaron sus convocatorias a protestas en demanda al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias privilegiando la cuestión del empleo y la agenda gubernamental en la disputa por la deuda.
La realidad es preocupante y los propios datos publicitados oficialmente a fines del primer trimestre del 2014 señalan la existencia de 1.178.000 desocupados (7,1%) y 1.352.000 sub-ocupados (8,1%), entre los cuales son demandantes de empleo 927.000, y ya perdieron esperanza y por ende son no demandantes de empleo 425.000 personas.
Más del 15% de los trabajadores se encuentran entre desocupados y sub-ocupados.
A ello debemos adicionar que un tercio de los trabajadores se encuentran en situación irregular.
El Ministro de Trabajo adelantó una reducción del 0,3% en el empleo regular para el segundo trimestre del 2014, dando cuenta de uno de los fenómenos estructurales que dejó la ofensiva del capital sobre el trabajo en las últimas décadas.
Renta nacional en la discusión
La bonanza en la generación del empleo desde la crisis del 2001 parece haberse agotado hacia el 2008.
El fuerte retroceso del 2009 no permitió importantes recuperaciones del empleo pese al crecimiento económico del 2010 y 2011, y el bajo crecimiento posterior del PIB y la recesión en curso aleja posibilidades en el corto plazo, lo que anticipa conflictos sociales explícitos y disputas por la apropiación de la renta nacional.
Esa renta está disputada por las empresas que exigen políticas a favor del capital y su rentabilidad, sean los industriales, el sector agrario e incluso los bancos tenedores de bonos de la deuda.
Todos coinciden en apropiar renta vía devaluación cambiaria e incluso buscan formas de intervenir para que no se profundice el conflicto y la situación por la deuda impaga que reclaman bonistas diversos. Por eso las “acciones patrióticas” de los bancos privados de capital nacional y de varios extranjeros con fuertes tenencias de bonos argentinos en sus activos.
Queda claro que los trabajadores intentan frenar el impacto regresivo en su capacidad de compra y defienden el ingreso sin el total apoyo de las organizaciones sindicales, atrapadas en la lógica de la fidelidad a sus intereses asociados a las patronales y/o a los gobiernos. Esa es la razón de un prestigio que crece en el sindicalismo clasista que sustenta un programa anticapitalista y antiimperialista, entre ellos la CTA liderada por Pablo Micheli y un conjunto de cuerpos de delegados. Ambos fenómenos intentan articulaciones diversas en la representación sindical de los trabajadores, especialmente en el sector privado de la economía.
El gobierno también disputa la renta nacional, condicionado por los problemas fiscales y externos. En este plano verifica una tendencia a la merma del superávit, por reducción del saldo comercial y demora o postergación sine die de inversiones externas remisas o préstamos esquivos. Esto es producto de las crecientes dificultades por la situación en EEUU ante la Justicia, los acreedores buitres y el propio gobierno en Washington.
EEUU rechaza la demanda de la Argentina en La Haya y existen múltiples operativos locales y mundiales, especialmente de bancos tenedores de títulos argentinos, para resolver el entuerto de una deuda que requiere ser investigada previa suspensión de pagos. Ante las restricciones económicas suscitadas por la situación de conflicto relativo a la deuda, crece la demanda por una solución autónoma, de desconocimiento de la misma y la búsqueda de solidaridades regionales efectivas que desemboquen en una nueva arquitectura financiera.
Claro que la nueva arquitectura financiera no debiera repetir y reproducir las condiciones estructurales de subordinación a la dominación de las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos rectores del sistema financiero y económico global. Unas condiciones alternativas en ese sentido son parte del desafío para la Argentina y la región en las condiciones actuales de crisis capitalista. El punto inicial de una estrategia en ese sentido se juega en la disputa por la renta nacional que despliegan los trabajadores como expresión de freno a la ofensiva del capital sobre el trabajo.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2014



[1] “Hay que seguir apostando al país”, afirmó la Presidenta al anunciar medidas para incentivar la actividad económica. Casa Rosada. Presidencia de la Nación Argentina, Jueves, 07 de Agosto de 2014. En: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27791-hay-que-seguir-apostando-al-pais-afirmo-la-presidenta-al-anunciar-medidas-para-incentivar-la-actividad-economica (consultada el 9/8/2014)

Deuda y buitres. Una novela en capítulos diarios con graves consecuencias sociales

Continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de EEUU, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población.
Finalmente llegó el día D, el 30 de Julio, fecha en que vencía el plazo para acreditar los recursos en cuenta de los bonistas ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010. Los recursos estaban y están en el Banco Mellon de NY, depositados a fines de junio pasado por el gobierno de Argentina, y el juez Griesa no permite su acreditación, por lo que aun cuando el país dispuso de los fondos para cancelar la deuda, los beneficiarios de esos recursos no los reciben.
Es el argumento para hablar de default, calificación que el gobierno rechaza, mientras las calificadoras de riesgo, entidades privadas vinculadas al sistema financiero mundial establecieron el “default selectivo”, es decir, de una parte de la deuda. El resultado inmediato es que dispararon el cobro de los seguros por default respecto de esos títulos, lo que supone un gran negocio.
Las deudas y el sistema financiero están llenos de oportunidades para buitres conocedores de los pormenores de la especulación exacerbada del capitalismo de época.
Desde el gobierno se instruyó a la Comisión Nacional de Valores para gestionar en EEUU una demanda de investigación sobre la connivencia del juzgado de Griesa con el negocio de los seguros por default, en alusión a la parcialidad del letrado con los fondos buitres.
Otro elemento a considerar es el papel de los bancos. Primero fueron los bancos nacionales de capital privado que intentaron una operación de compra de los títulos de la sentencia Griesa o el depósito en garantía de unos 250 millones de dólares para generar la posibilidad del stay o cautelar que dispondría el Juez para pagar a los bonistas. Dijeron los banqueros que era una acción “patriótica” y se dio a entender que había guiño desde el gobierno, especialmente desde el BCRA. La operación no prosperó pero estaban en juego las tenencias de títulos en manos de los bancos y su potencial desvalorización.
La posta la asumen ahora un conjunto de bancos extranjeros, con la misma preocupación “patriótica”, es decir, sus intereses por resguardar las inversiones en títulos de la deuda argentina.
Cada quien juega sus propios intereses
Estamos ante una situación de elevada complejidad donde cada quien atiende su juego.
El juez se planta en su sentencia.
Los fondos buitres tienen dictamen de cobro por el 100% y al contado y negocian desde allí, además de cobrar sus seguros contra default.
Los bancos intentan intervenir y aun con fracaso, mientras la ilusión de la negociación dura intervienen en la evolución del mercado de capitales con alzas de valores que favorecen sus movimientos de corto plazo.
La posición del gobierno pareciera apunta a llegar a diciembre para que finalice el marco de vigencia de la cláusula RUFO y entonces si negociar con los buitres sin temor a la potencial demanda del 92,4% de ingresados al canje, estimada entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.
En definitiva, todos los escenarios culminan en el pago de la deuda, y lo que se discute es el cuanto y como del pago de la misma.
La danza de valores se cuenta por millones y son recursos que restringen la capacidad de asistencia de otras demandas o deudas sociales.
Como sostuvimos varias ocasiones, la deuda condiciona y establece privilegios en la disputa de los recursos públicos. En la reunión del Mercosur en Caracas la presidenta anunció que la Argentina canceló 190.000 millones de dólares en el último tiempo y con esfuerzo propio, sin ayuda externa, ya que el país estaba y está afuera del mercado de crédito internacional.
Las consecuencias son gravísimas, porque se postergan demandas sociales, sea el 82% móvil que demandan los trabajadores jubilados, la disminución del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o directamente su eliminación, la solicitud de mejoras de ingresos salariales o beneficios de planes sociales y ni hablar de los presupuestos para el gasto social en educación, salud u otras áreas.
Más allá de las novedades cotidianas, esta novela con entregas diarias devuelve un escenario de especulación financiera exacerbada a escala global y por lo tanto la necesidad de disputar una nueva arquitectura financiera mundial. No es novedad, y el intento tiene varios años y fracasos múltiples motivados por quienes hegemonizan el sistema, a la cabeza EEUU y el orden instrumentado hace 70 años con el FMI y el BM.
Ante el fracaso de infructuosos esfuerzos se organizan iniciativas regionales cuyos resultados están por verse aún, por caso las iniciativas de los BRICS o las enunciadas en torno al demorado Banco del Sur.
El interrogante es si eso es posible en el marco del orden capitalista y en rigor, la nueva arquitectura financiera solo será posible si se modifican las relaciones sociales de producción a nivel de cada país y una articulación productiva integrada regionalmente que modifique el modelo productivo y de desarrollo, es decir, un camino que suponga la crítica y la superación del orden capitalista.
Campaña para suspender pagos e investigar
Por ello es que resulta importante asumir una tarea de esclarecimiento y difusión de estrategias alternativas, entre las que destacamos la campaña iniciada por la  “Asamblea por la  suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes” que impulsan un conjunto de personalidades, organizaciones sociales y políticas.
Entre las principales consignas se sostiene que “El pueblo debe saber de qué se trata”, qué “la única deuda es con el pueblo”, que “no hay que pagar deuda ilegitima, odiosa y fraudulenta”, que se requiere “suspender los pagos e investigar la deuda” y además “defender los bienes comunes”.
En conjunto constituyen un programa alternativo al sustentado por el club de pagadores, mayoritarios en el sistema político que conforman oficialismo y oposición. Es un programa y una iniciativa política para constituir subjetivad contra el pago de la deuda y por instaurar una auditoría integral de la deuda con participación popular, con cuyos resultados se pueda discutir el privilegio en el uso de los recursos públicos.
Necesitamos fuerza social y política para terminar con el cáncer de la deuda y discutir la política económica para un modelo productivo y de desarrollo que parta de las necesidades populares en un marco de integración no subordinada, por la liberación social.

Buenos Aires, 2 de agosto de 2014