El cáncer de la deuda pública a 30 años de vigencia constitucional

La cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2014 de la Argentina, y sin duda el Senado lo transformará en Ley en los próximos días.
El cáncer de la deuda pública ahoga cualquier pronóstico de perspectiva autónoma e independiente para la evolución económica del país en condiciones soberanas.
En efecto, todo el superávit primario previsto para el próximo año se esteriliza en la proyección de pagos de los vencimientos de la deuda pública, agravado si consideramos que los pronósticos en este sentido nunca se cumplen. A modo de ejemplo señalemos que en el 2013 se presupuestó un superávit financiero de 587 millones de pesos y la realidad demostró un déficit final del orden de los 44.612 millones. Para el próximo año se estima un superávit, luego del pago de deuda de unos 869 millones, que podemos anticipar será negativo en cifras varias veces superiores.
El tema de la deuda es cuento largo y viene de arrastre como herencia de la Dictadura, quienes legaron al Estado nacional una deuda por 44.000 millones dólares. Los turnos constitucionales la incrementaron gravosamente. Con Alfonsín el legado llegó a 62.000 millones de dólares, y Menem la elevó a 122.000 millones de dólares. Con De la Rúa creció hasta los 145.000 millones y la crisis del 2001 gestó la cesación de pagos (default) por 100.000 millones y el pago riguroso a los acreedores privilegiados: los organismos internacionales.
Ahora, pese a los canjes del 2005 y del 2010, el monto de deuda llega a los 209.000 millones de dólares, unos 197.500 en situación regular (performing) y unos 11.500 millones de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes previos y a los que se está invitando a ingresar desde que el Parlamento, mayoritariamente, oficialistas y oposición sistémica reabrieron indefinidamente el canje de deuda en cesación de pagos.
Por si esto fuera poco, según información oficial, en esta década se cancelaron más de 173.000 millones de dólares, usando part de las reservas internacionales, mayoritariamente a acreedores externos y asumiendo nueva deuda en ámbitos del sector público, sea el BCRA, el BNA, la ANSES (administra el fondo de jubilaciones). De hecho se canceló deuda con extranjeros para asumirla el propio Estado, en desmedro de los ahorros de los trabajadores destinados a cubrir los ingresos previsionales (presentes y futuros).
Vale aclarar que al mencionar el monto de deuda pública no incluimos la deuda de Provincias o Municipios, ni los títulos emitidos por el Banco Central para regular la política monetaria. En este caso la deuda consolidada superaría los 250.000 millones de dólares, poniendo en discusión el carácter del des-endeudamiento proclamado por esferas oficiales.
La deuda pública fue, es y será un cáncer que requiere ser extirpado, para lo cual se impone una auditoria a fondo, que investigue la situación integralmente y que defina la legitimidad de la misma. Claro que mientras tanto, debieran suspenderse los pagos. De este modo, se liberan importantes recursos para intentar una política soberana.
En el futuro cercano existen varias amenazas, y no solo de los llamados fondos buitres. Las empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial tienen sentencias favorables por 500 millones de dólares. El sistema mundial, es decir, las principales potencias capitalistas y los organismos internacionales presionan para que la Argentina cancele esa y otras deudas que se reclaman.
El país necesita discutir si continuará en terapia intensiva por el cáncer de la deuda, o si por el contrario, extirpa de raíz un problema estructural de la economía local que condiciona la política y restringe seriamente la democracia y los derechos de la sociedad y el pueblo argentino.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013

Continúa la crisis de la economía mundial y las políticas anti crisis

Ganó Merkel en Alemania y se ratifica la política de austeridad para el país hegemónico de Europa y augura una orientación similar en el viejo continente. En materia monetaria supone fortalecimiento del euro sobre el dólar favoreciendo la devaluación relativa de la moneda estadunidense y la competitividad internacional de la economía yanqui con problemas estructurales de déficit comercial.
Por su parte, desde la FED en EEUU se anunció la continuidad de las compras mensuales por 85.000 millones de dólares para sostener la economía en crisis, ante un pronóstico de menor crecimiento para el 2013, del rango del 2,3/2,6% previsto al 2/2,3%.
En Europa austeridad. En EEUU fuerte intervención monetaria desde el Estado. Parecen políticas anti crisis diferentes, pero sin embargo actúan en paralelo. Europa necesita desmantelar el Estado benefactor, contra los trabajadores, su lucha y organización. EEUU necesita disputar competitividad global y por eso sostiene la devaluación monetaria.
Ambos espacios de poder económico mundial sostienen sus políticas anti crisis para transferir al mundo el costo de la crisis.
Respecto de la Argentina, influida por la economía del dólar, se acompaña la cotización global retrasando cualquier decisión relativa a una devaluación y mejora sus términos de intercambio con Europa y con Brasil, que vuelve a apreciar su moneda producto del ingreso de capitales externos. Brasil también corrige a la baja la perspectiva de su evolución económica para el 2013.
La crisis continuará en el pronóstico del FMI hacia el 2017/2018. A mitad de camino del inicio de la crisis mundial, el ajuste se impone, incluso con el voto mayoritario en Alemania. En EEUU, la militarización sigue siendo considerada un mecanismo macabro de reactivación económica, aun afectando a numerosos pueblos, hoy con Siria en el epicentro, y no alejada de agresión los territorios vecinos de Nuestramérica.
Los nuevos datos a la desaceleración de la economía mundial inciden negativamente en la Argentina, por el comercio, es cierto, pero también en lo financiero al exacerbar la presión por el cobro bajo otros conceptos, sean remesas de utilidades al exterior o la sempiterna deuda externa, intereses o capital.
En eso juegan los acreedores que demandan en EEUU o las propias sentencias del CIADI, que nos convocan a reiterar la posición de denunciar los tratados bilaterales de inversión que defienden la seguridad jurídica de los inversores internacionales, y que suponen hasta ahora unos 500 millones de dólares en sentencias del organismo dependiente del Banco Mundial. Pero también la investigación y auditoría de una deuda pública impagable y mientras la suspensión de los pagos, lo que aliviaría la situación fiscal del país. Solo hay que considerar que los pagos previstos para el 2014 se consumen todo el superávit primario establecido en el presupuesto 2014 que se vota esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013

La economía argentina y el presupuesto para el 2014. ¿Qué propone y que oculta? Los debates que necesitamos.

El poder ejecutivo presentó al Parlamento el pasado jueves 12/9 el proyecto presupuestario para el 2014, incluyendo el pronóstico del cierre del 2013. El crecimiento previsto del PBI para este año es del 5,1% y para el próximo un 6,2%, con la hipótesis de mejoras en la economía de EEUU y Brasil, dos importantes socios comerciales del país. La inflación se supone en 10,3 para el 2013 y del 10,4 para el 2014, y el dólar se establece a un promedio de 6,33 pesos por dólar. Es verdad que cuesta creer en las cifras de evolución de precios para este año y el próximo, aunque en los próximos días puede presentarse una nueva metodología de medición de precios por el INDEC, según compromiso asumido por el gobierno con el FMI.
A priori señalemos que el presupuesto presentado al Congreso pone de manifiesto la continuidad de la política económica y de los instrumentos en curso, sea escamotear la verdadera inflación de precios con impacto en la ponderación de la medición de la propia actividad económica, como eludir los problemas que presenta el modelo productivo y la inserción internacional subordinada. En este último sentido destaca la hipoteca de la deuda pública, la gigantesca importación de combustibles y la sostenida fuga de capitales. Son datos que no favorecen el mentado objetivo de la inclusión social y la distribución del ingreso, mucho menos de la riqueza socialmente generada.
Superávit fiscal para seguir pagando deuda
El superávit fiscal primario establecido en el Presupuesto, es decir, antes de pagos por la deuda, alcanza a 83.889,3 millones de pesos, equivalentes a 14.614,8 millones de dólares (tipo de cambio= 5,74). Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto incluye 80.310 millones de pesos para hacer frente a compromisos de pago de intereses de la deuda pública, unos 13.991 millones de dólares al tipo de cambio actual. En definitiva, el ahorro previsto tiene destino en la cancelación de la deuda, un tema que estuvo en la entrevista de la Presidenta que difundió la TV pública el sábado 14/9.
Lo curioso es que CFK, a dos días de presentado el proyecto presupuestario, al historiar el endeudamiento del Estado Nacional, explica el fraude de la deuda, resaltando que la banca no pretende la cancelación de la deuda, sino la renovación, lo que explica que pese a pagos por más de 173.000 millones de dólares en una década, el país registre una deuda superior a los 209.000 millones de dólares. El argumento presidencial remite a que por más que se cancele deuda, el mecanismo es la refinanciación y la hipoteca estructural. Argentina es “pagador serial” de una deuda imposible de cancelar. Encima de ello, en el Parlamento, con voto mayoritario del oficialismo y la oposición sistémica, con muy pocos votos por la negativa, se reabrió el canje de deuda en forma “indefinida”. Un pronóstico nada halagüeño en el futuro del endeudamiento y compromisos públicos que postergarán una vez más demandas sociales de empleo, salud, educación, seguridad o promoción de un modelo productivo y de desarrollo alternativo.
Por eso, más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.
Llama la atención en el discurso presidencial la mención crítica al papel de la vigente reforma financiera de 1977 con relación a la deuda y el papel de la banca en el privilegio a la especulación. Recordemos que al modificarse recientemente la Carta Orgánica del BCRA, el argumento de CFK remitió a lo innecesario de reformar la legislación financiera heredada de la dictadura genocida. Hay que reiterar que el país, con estos datos de deuda pública y las propias reflexiones de CFK, debería denunciar la deuda, iniciar un proceso de investigación, o de auditoria, máxime cuando el discurso presidencial manifiesta que la ganancia de los inversores externos que demandan a la Argentina en Nueva York pretenden una ganancia del 1.300%, es decir, más que usuraria. Con esa rentabilidad, dice la Presidenta, quién quiere invertir en la producción, siendo mucho más rentable la especulación financiera.
Claro que mientras la Argentina siga formalizando contratos que permita que los inversores externos demanden en sede judicial extranjera, caso YPF-Chevron, el tema no se termina nunca. No alcanza entonces con investigar y mientras suspender los pagos de deuda, sino que también deben anularse la pérdida de soberanía jurídica y los tratados internacionales en defensa de las inversiones y la presencia en el CIADI, base de la enorme presión judicial extranjera que pende sobre el país y augura nuevas expansiones del total de la deuda pública.
Los datos del comercio exterior
El superávit de comercio exterior se estima en 10.556 millones de dólares para el 2013, y de 10.124 millones de dólares para el 2.014. Esta misma semana, el titular de YPF ha señalado la gravedad de la situación energética del país, que este año insumirá una factura del orden de los 13.000 millones de dólares, y si la previsión es de crecimiento para el próximo año, todo augura un mayor gasto en la importación de combustibles.
Por ello, pese a los auspiciosos datos expresados en el presupuesto, los problemas de fondo siguen sin solución alternativa y se repite una estrategia que supone un freno deliberado a las importaciones para intentar sostener la situación superavitaria y contener la pérdida de reservas internacionales.
No existen pistas de cambios en la inserción internacional de Argentina, ni señales de discusión regional para otra inserción regional en la economía mundial. Se sigue apostando a la superación de la crisis capitalista de los principales compradores del país, en lugar de proponer modificaciones al modelo productivo y de desarrollo que suponga otro orden económico, financiero y social sobre la base de una mayor integración y articulación productiva regional.
Vale lo sostenido porque la proyección de la economía latinoamericana para el 2014 no reproduce altas tasas de crecimiento y empieza a manifestar explícitamente efectos de la crisis mundial. El impacto llegará con afectación a las variables sociales de ingresos populares, desempleo, subempleo y precariedad, carestía de la vida y empobrecimiento.
El Banco del Sur se anunció en diciembre del 2007 y aún no está funcionando, retrasando las ideas de una nueva arquitectura financiera en la región, e intentar una relativa desconexión del capitalismo mundial. Hugo Chávez insistió hasta el cansancio en una política energética común para Nuestramérica, y la tendencia es a la asociación con transnacionales a fines de intentar “soluciones” nacionales.
No se trata solo de una crítica relativa a la Argentina, sino a la situación que en general se presenta en la región como desafío. O se asume una nueva inserción de Nuestramérica unida en el mundo, o cada país resuelve como puede sus problemas en asociación con el poder económico mundial.
Algunas conclusiones
Son reflexiones a propósito de un Presupuesto para el 2014 que sugiere la continuidad de la política económica en curso y sin perspectiva de cambio para otro modelo productivo y de desarrollo.
En el balance presidencial se sostiene que en el 2013 se vive mejor que en el 2007, base para pensar en los apoyos logrados hacia el 2011 y que no explican el retroceso de las recientes PASO.
El problema es que la percepción de amplios sectores de menores ingresos de la sociedad no coincide con los datos oficiales y demanda rupturas y no continuidades. Remito al tercio de trabajadores precarizados; a los trabajadores cuyo ingreso promedio mensual ronda los $4.000, insuficiente para pagar bienes y servicios para una vida digna; a los jubilados y pensionados, que aún con actualizaciones perciben en una gran mayoría ingresos menores a lo necesario para satisfacer la canasta familiar; a una mayoría de pequeños productores y empresarios que asocian su destino a la capacidad de compra de los ingresos populares. Solo por mencionar cuestiones económicas, motivo del presente escrito. Es cierto que también existen otras cuestiones en el descontento que manifiestan organizaciones sindicales y territoriales de trabajadores y otros sectores sociales, con reivindicaciones más allá de lo material y económico y que conducen a cuestiones democráticas en el ámbito de la política. Es un terreno que remite a la crisis presente de la política, y especialmente de la alternativa política popular.
Al debatir el proyecto presupuestario se debe intentar ir más allá de la cuestión numérica y habilitar una discusión sobre el país que se tiene y el que se pretende, algo que insinúa el movimiento por una constituyente social que sostiene la CTA e incluso la propuesta de una consulta popular en defensa de los bienes comunes, lo que implica discutir el modelo productivo y de desarrollo en curso y el que se pretende en una perspectiva emancipadora, no capitalista, por el socialismo.

La Paz, 15 de septiembre de 2013

Reunión del G20 en Rusia y la posición argentina

El G20 se constituyó en cumbre de presidentes en 2008, cuando la crisis mundial del capitalismo era un dato evidente. De grupo técnico se transformó en cónclave político para tratar de encontrar respuestas a la crisis mundial.
No estamos muy lejos si afirmamos que lo único que se resolvió desde entonces es fortalecer la capacidad de acción del FMI para inducir las políticas de ajuste contemporáneo, que incluye la intervención estatal para el salvataje de bancos y empresas en problemas. El ajuste en la actualidad supone un nuevo papel del Estado en el salvataje de empresas, aunque su contraparte sea el agravamiento del problema del empleo y el ingreso de los trabajadores a escala global. Es cierto que crecientemente se incorpora un lenguaje que suena mejor en las declaraciones finales, como la preocupación por la producción contra la especulación, el tema del empleo y la persistente denuncia de los paraísos fiscales, ahora denunciados como guaridas fiscales.
Pese a las críticas al perfil especulativo del orden capitalista, y la nueva denominación de los paraísos fiscales, en el “Grupo de los 20” no se disponen medidas de restricción, ni acciones concretas en desmedro del accionar creciente y generalizado de la especulación y el delito financiero y económico. Se habló recurrentemente de regulaciones a los bancos y a la circulación de capitales y la realidad devuelve un acrecentamiento de la operatoria y rentabilidad del sector económico y financiero concentrado. Es algo que también se verifica en la Argentina, que en 2001 presentaba a los bancos en problemas y los informes de rentabilidad empresarial de los últimos años los destaca a la vanguardia de las ganancias. Otro dato de la realidad es el incremento del endeudamiento público del conjunto de los países, incluida la Argentina.
Los integrantes del G20 siguen sin encontrar respuestas a la crisis, menos para los trabajadores y los pueblos. En esta ocasión, en la ex Leningrado, ahora San Petersburgo, se reunieron para actualizar información sobre la crisis. La Argentina anunciaba que llevaría la cuestión de la demanda de los acreedores, los llamados “fondos buitres”, ante la justicia de EEUU, que falló en contra del país en primera y segunda instancia. El gobierno intentó presentar el tema como de interés global, ya que el fallo condenatorio de la Argentina sentaría antecedente sobre otras negociaciones de deudas públicas impagas. Es un tema que preocupa a varios países sin capacidad de cancelación en las condiciones actuales.
La presión estadounidense obstaculizó ese objetivo y orientó toda la capacidad de acción política y diplomática para arrancar un acuerdo a la intervención militar sobre Siria. Vale mencionar que EEUU tuvo un éxito parcial en la cuestión de fondo, con apoyos de Francia, Inglaterra o Turquía, pero sin capacidad de hegemonizar al conjunto. Es una expresión de la crisis mundial que también pone en discusión la capacidad de hegemonía de la potencia estadounidense. No es menor que Rusia y China no acompañen esta decisión estadounidense.
Pero más allá de la cumbre y sus resultados, es interesante detenerse en el propósito que se había planteado la Argentina. Los datos de la deuda son reveladores del problema más allá de las demandas en EEUU. A fines del 2001 la deuda pública era de 144.212 millones de U$S, mientras que a diciembre del 2012, según datos oficiales, ascendía a 209.000 millones de U$S. Desde el 2003 a la fecha, según la presidente se pagaron 173.733 millones de U$S. No solo no hay des-endeudamiento, sino que los registros de deuda y las demandas desde el exterior señalan la continuidad del carácter estructural y condicionante de la deuda pública.
Argentina debiera no solo reclamar en el G20 e intentar una prédica crítica al orden mundial, sino avanzar en el orden local con la anulación de los Tratados Bilaterales de Inversión, TBIs y, salida del CIADI, tanto como desmantelar el marco jurídico que permite que los fondos buitres puedan saquear a partir de su accionar en tribunales extranjeros. En ese marco, se impone la investigación y auditoria de la deuda para determinar la legítima de la ilegitima. La cuestión de la deuda es una asignatura pendiente y no alcanza con la voluntad solidaria de algunos gobiernos, sino se avanza con medidas locales que reordenen un tema de largo arrastre que hipoteca el presente y el futuro de la Argentina.

La Paz, 7 de septiembre de 2013

Una campaña a favor del fracking

Una entidad, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), representativa de las patronales del petróleo y el gas publicitaron una costosa solicitada en los principales medios explicando las bondades de la explotación de hidrocarburos no convencionales, omitiendo los riesgos sobre la población y la naturaleza.
En el IAPG conviven Chevron, YPF, ESSO, PAE, Repsol, Techint, Siderca y entre otros Litoral Gas (recordar la reciente explosión en Rosario). El Presidente del ente fue Repsol y es hoy difusor de la desregulación y el libre comercio para favorecer el negocio petrolero a costa de las necesidades sustentadas por organizaciones populares a favor del Derecho a la Energía y la democratización de la misma.
Fabulan con empleos y desarrollo de las economías regionales y no tienen en cuenta opiniones de entidades de trabajadores, caso de la FeTERA y la CTA, que entre otras iniciativas promueven una consulta popular en defensa de los bienes comunes. Tampoco consideran que una veintena de Concejos Deliberantes se han pronunciado contra la técnica de la fractura hidráulica, denominada “estimulación hidráulica” por ellos, necesaria para extraer los hidrocarburos no convencionales. Reconocen, aunque subestiman la prohibición de esa tecnología en Francia y Bulgaria, y omiten la suspensión de operaciones en algunos estados en EEUU.

Se trata de una campaña para legitimar el acuerdo entre YPF y Chevron y habilitar un mayor desembarque de inversiones externas en la actividad, a partir de las importantes reservas no convencionales reconocidas para el país. No discuten el modelo productivo y de desarrollo que malgasta hidrocarburos y no diversifica en energía alternativa. Mucho menos se proyecta la discusión de modificar la orientación primario exportadora de una producción sojera, de minerales y en conjunto de la industria de armaduría al servicio de la inserción subordinada de la Argentina en la división internacional del trabajo, con mayor dependencia y postergación de un proyecto económico que satisfaga las necesidades populares, sean mejores salarios e ingresos populares, especialmente el 82% móvil para los trabajadores jubilados.
1 de septiembre del 2013