Finalmente se reunió el 28/8/12 el Consejo del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (El Consejo) y aprobó un
incremento del salario mínimo del 16% a partir de septiembre y un 8% adicional
para febrero del 2013.
La medida fue publicitada como un incremento del
25%, el que se otorga en dos cuotas, la primera a septiembre del 2012 y la
segunda hacia febrero del 2013. Con esa resolución, el salario mínimo será de
2.670 pesos desde ahora hasta enero próximo, y pasará luego a ser de 2.875
pesos.
Es una decisión que actúa sobre menos del 2% de
los trabajadores formales del sector privado de la economía, que son aquellos
trabajadores que perciben el menor ingreso.
Sin embargo, el dato interesa a más de 4,2
millones de trabajadores informales, que representan el 34,2% del total de
trabajadores a diciembre del 2011 (datos del INDEC), y sus ingresos pueden
verse influidos por esta referencia al salario mínimo. La disposición no rige
sobre ingresos productos de planes sociales y está por encima del promedio
salarial de los trabajadores de los estados municipales.
No es un dato menor la discusión sobre el salario
mínimo, pues presenta a la sociedad los mínimos de ingresos necesarios para
satisfacer necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte,
recreación, etc., del trabajador y su familia.
Distribución
del ingreso
Existe una importante valoración social sobre el
incremento de los mínimos, sea el salario, como las jubilaciones y pensiones,
que aparece limitada cuando se discute la distribución funcional[1] y
personal[2] del ingreso, ya que el crecimiento de la
economía de estos años no se distribuyó equitativamente entre patrones y
trabajadores.
Según datos del Observatorio de Derecho Social de
la CTA[3] “Entre
los años 2001 y 2011 el Producto Bruto ha experimentado un crecimiento del 74%”,
y “en el mismo período el ingreso de los asalariados registrados se incrementó
tan sólo un 3,3%.”
El informe destaca sobre “el comportamiento de la
productividad y del costo laboral por ocupado” que “entre los años 2001 y 2010
la productividad del trabajo se incrementó un 31%, mientras que el costo
laboral por ocupado se redujo en un 24%” en claro beneficio para los
empresarios.
El Observatorio resalta que “el promedio del
índice de rentabilidad sobre el stock de capital fijo durante la
convertibilidad (1993 – 2001) fue del 24,8%, mientras que en el período 2003 –
2010 ascendió al 37,2%.” Queda claro que el crecimiento económico de estos años
favoreció al capital invertido aún cuando millones de trabajadores se hayan
incorporado al mercado de trabajo.
Pese a ese crecimiento del empleo, el informe
destaca que “la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se
redujo del 38,5% en 2001 al 37,6% en 2011”.
Los
temas ausentes y la representación
Resulta interesante analizar estos datos por que
el Consejo reunido no solo debe considerar el “salario mínimo, vital y móvil”,
sino la productividad y el empleo. Esos temas no son considerados, aunque ahora
se resolvió tratar en comisión y a futuro lo relativo al elevado índice de
informalidad que registra la economía argentina.
Además, las decisiones del Consejo son parte de la
voluntad del poder público consensuadas por representantes de los empresarios y
de los trabajadores. Resultan discutibles las representaciones sindicales, ya
que los sindicalistas presentes en el cónclave que decidió el salario mínimo
están cuestionados en el movimiento sindical, y solo convalidados por decisión
del poder ejecutivo sobre el mandato de las centrales, tanto sobre la CGT, como
la CTA.
La dirección de la CGT decidió no participar
cuando reclama un mínimo de 3.500 pesos mensuales, y la de la CTA que demanda
5.000 pesos por mes, directamente fue excluida del convite. La delegación
sindical que actuó en el Consejo no tiene la legitimidad, ni la legalidad del
movimiento de trabajadores, por el contrario, es resultado de una prórroga otorgada
por el poder ejecutivo sobre la representación actuante en el 2010 y el 2011.
Más allá de la discusión de fondo sobre el salario
mínimo en 2.670 desde este mes, contra los 3.500 reclamado por la CGT y los
5.000 de la CTA, la gestión de un tema sustancial de la política de ingresos,
como el mínimo salarial, expresa la fragmentación y crisis en la representación
social y política de los trabajadores.
El sentido del mínimo es el establecimiento de un
piso para acceder a la canasta familiar necesaria para el trabajador y su
familia. La lógica indica que debe preceder a las negociaciones colectivas, sin
embargo, la historia del Consejo nos devuelve que el salario mínimo termina
disponiéndose finalizadas la mayoría de las paritarias.
Lo que ocurre en el Consejo es expresión de lo que
ocurre en la realidad: fragmentación del movimiento de trabajadores y crisis de
alternativa política.
Si se pretende recuperar la histórica participación
de los trabajadores en la distribución funcional de los ingresos e ir por más,
la batalla está en la representación social y política de los trabajadores, algo
que queda claro en las distintas fracciones que disputan la representación y
que expresan diferentes modelos de acumulación de poder popular.
El capitalismo está mutando, y más aún con la
crisis mundial, siendo la precariedad el dato creciente. Modelos como el
sugerido por la CTA a comienzos de los 90´ sigue constituyendo la asignatura
pendiente: agrupar a todos los trabajadores para la disputa del poder.
Buenos
Aires, 2 de septiembre de 2012
[1]
Cuánto ingreso se apropian los patrones y cuánto los trabajadores. Es la
referencia que en general se hace al fifty-fifty de los años del primer
peronismo y que se instaló en la lógica de lo posible como objetivo deseable.
[2]
Remite al ingreso total dividiendo a la población en 10 grupos de ingresos, por
lo cual se discute como se agrupan las decenas de mayores y de menores
ingresos.
[3]
De cara a una nueva convocatoria del Consejo del Salario – Aportes para el
debate. Observatorio del Derecho Social, en:
http://www.obderechosocial.org.ar/
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