Gobernadores oficialistas y opositores acuerdan rumbo con Macri

Hasta ahora, solo San Luis queda afuera del acuerdo suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores de Provincia.
No solo se trata de un pacto que remite al reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias, sino a un pacto político que allana el rumbo trazado por Mauricio Macri desde que asumió la gestión presidencial en diciembre del 2015; ratificado con la ampliación del consenso obtenido en las elecciones de medio término en octubre pasado.
El acuerdo supone declinar la continuidad de los juicios de las Provincias contra la Nación, algunos con sentencias en firme, pero con dificultades concretas para asegurar las cancelaciones. Por esto es que los gobernadores desde una lógica pragmática aceptaron cancelaciones en bonos cobrables en el mediano plazo antes que un futuro de demandas de percepción de sentencias judiciales de dudosa cobrabilidad.
Con el resultado electoral del 22/10/2017, la iniciativa política del Gobierno Nacional aseguró los consensos de oficialistas y opositores al frente de los gobiernos provinciales, con la excepción por ahora de San Luis.
Todos apuntan a la Gobernadora bonaerense como la gran ganadora, por asegurarse imprescindibles fondos para la gestión en los próximos dos años antes de la renovación del gobierno provincial en disputa en 2019.
El PRO en Cambiemos necesita mantener consenso electoral para sostener la gobernación bonaerense, los distritos que actualmente gobierna, consolidando su posición y en lo posible ir por más distritos bajo su conducción en el nuevo ciclo a disputar desde 2019.
Más allá de las posiciones del partido del Gobierno, el PRO, lo que importa es el consenso amplísimo de oficialistas y opositores, especialmente del peronismo diverso, en un rumbo que es claramente amigable con los objetivos y necesidades de los grandes empresarios locales y externos, quienes demandan acelerar las reformas reaccionarias que ahora no solo avala Macri, sino también los y las gobernadores/as.
Ahora el consenso se define en el Parlamento
El pacto fiscal actúa como un paraguas político para los legisladores que responden a los distintos poderes ejecutivos provinciales, y sustenten las propuestas legislativas en materia laboral, previsional y tributaria.
La estrategia del gobierno Macri apuntó a cambios sustanciales reaccionarios para luego negociar, especialmente con la cúpula de la CGT y los/as gobernadores/as. Primero se distribuyó para el debate una propuesta de máxima, que concitó rechazo, para terminar elevando un borrador que mantiene la esencia de los cambios demandados por los inversores.
El objetivo de las propuestas, aun cuando no pasaron algunos intentos descabellados en materia de pérdidas de derechos sociales, sindicales y laborales, constituyen un paquete pro empresas, pro ganancias y apuntan a una lógica de favorecer la demanda de ganancias y por la acumulación de los potenciales inversores, locales o externos.
Disminución de indemnizaciones y baja de posibilidad de ejercer el derecho a litigio por despido figuran entre las principales consecuencias de la propuesta de flexibilización laboral sostenida del poder ejecutivo nacional, acompañada por una gestión administrativa del Ministerio de Trabajo contra las organizaciones sindicales.
La baja de aportes patronales y la impunidad hacia los evasores previsionales a cambio de regularización del empleo da cuenta de la general orientación para la reducción del costo empresario en la explotación económica. Claro que es consustancial con el orden capitalista, pero enfatiza el carácter clasista de la hegemonía legislativa buscada a favor de los intereses de los inversores.
Más claro queda el tema con el ahorro previsional buscado con las modificaciones a la actualización de las jubilaciones y prestaciones de la seguridad social. Las cifras son escandalosas y podrían alcanzar los 100.000 millones de pesos para el 2018. Si existe ahorro es en contra de los ingresos de los perceptores de la seguridad social, especialmente la población jubilada.
Esos “ahorros” en la seguridad social y algunos cambios  impositivos constituyen la fuente de recursos para atender el acuerdo fiscal con los gobernadores. Los jefes políticos de las provincias, no San Luis por ahora, y el gobierno nacional son responsables directos de la estafa a las jubilaciones presentes y futuras.
La zanahoria ofrecida es que junto a la actualización trimestral por inflación habrá un porcentaje adicionado, quizás el 5% del crecimiento económico del PBI, Se trata de cifras menores a la formula actual y por eso se habla de ahorro. Lo cierto es que la pretensión oficial apunta a lograr consenso legislativo, imposible desde la minoría congresal de la coalición de gobierno, por lo que se buscó apoyo de gobernadores opositores y ahora en el Congreso. Si fuera posible, antes de fin de año.
El mapa de la confrontación al consenso
No solo existe la iniciativa del poder, mediada por el gobierno y los opositores funcionales a la lógica de la ganancia.
También actúa y desde el conflicto social una línea de confrontación con los propósitos de máxima de los capitales más concentrados que actúan en la economía local o que pretenden ingresar con sustanciales y reaccionarios cambios.
En el conflicto social que manifiestan cotidianamente organizaciones sindicales y territoriales se visibilizan diferentes estrategias sociales y políticas, que no terminan de constituirse en hegemónicas de la diversidad que expresa la fragmentación de la sociedad de abajo.
Así, entre otros proyectos políticos emergen algunos que se referencian en el kirchnerismo, aun con diferencias entre ellos, incluso respecto del peronismo (con identidad matizada respecto al kirchnerismo); pero también en la izquierda partidaria, también protagonista de la fragmentación, aún con frente electoral de unidad.
Sin embargo, también existe una amplia franja que no se reconoce en estas identidades de peso electoral y que se manifiesta en una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que buscan su articulación y conformación en un proyecto alternativo que supere la gestión del orden capitalista.
En rigor, diversos espacios kirchneristas-peronistas y referidos a la izquierda partidaria, junto a este otro sector que mencionamos, transitan diversas propuestas de unidad de acción que no necesariamente fructifican en unidades políticas más efectivas a los efectos de definir una estrategia integral en la disputa del poder.
Una de las diferencias entre los proyectos remite al alcance de los propósitos de la unidad.
Para algunos alcanza con establecer límites al macrismo y sus políticas de ajuste y reestructuración, aunque eso suponga mantener una lógica de gestión capitalista aminorando la ofensiva del capital contra el trabajo o contra la Naturaleza. Para otros supone confrontar al orden capitalista y requiere una amplia fundamentación para ganar voluntades sociales contra el consenso político y mediático vigente.
Existen propuestas a caballo de ambas orientaciones, que atraviesan el debate entre las organizaciones sociales, las centrales sindicales y variadas agrupaciones políticas, culturales y sociales.
Hasta se sugiere la intervención papal en estas disputas, en una lógica de discusión de alternativas que supera los límites nacionales. Es que desde la ruptura de la bipolaridad hacia 1991 se habilitó la discusión por la recreación de la alternativa al capitalismo.
Lo que aparece en primer lugar es la crítica al capitalismo, pero con ello, quienes creen que se puede mejorarlo y quienes sostenemos el carácter incorregible del orden capitalista.
Nuestro debate en la Argentina no es distinto del que recorre Nuestra América o el mundo, concentrado en formas de acumulación de poder para reformar el capitalismo o para transformarlo.
En esa disyuntiva se discute el qué hacer en reuniones de la CGT, o si se quiere, de algunos gremios que discuten la orientación del triunvirato, o de muchos que manteniendo la afiliación a la Central mayoritaria no se reconocen en el liderazgo de los negociadores con el Gobierno; pero también ambas CTA, que discuten la reunificación o la afirmación de identidades propias con matizados proyectos estratégicos.
Adicionemos que la CTA en origen se propuso como articuladora del movimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo de sindicatos, sino también de movimientos sectoriales, territoriales, culturales y de personas, postura que ahora disputan organizaciones como la CTEP.
Más allá de la mención a centrales sindicales y de movimientos sociales, la conflictividad abarca al creciente movimiento de mujeres y diversas formas de reivindicaciones sociales, culturales, ambientales, de migrantes, en defensa de los pueblos originarios, por la tierra y la soberanía alimentaria, energética o financiera, dando forma una inmensa diversidad de inconformidad con la hegemonía capitalista y a veces, con el propio capitalismo. Es algo que se manifiesta en el movimiento Fuera la OMC.
Entre todas estas manifestaciones del conflicto social se redefine un nuevo mapa político de la confrontación social y política a los objetivos del consenso mayoritario de oficialistas y opositores en gobiernos locales y el nacional, como en el Parlamento.
Las cartas están echadas y el juego está en proceso. Debe reconocerse que quienes participan de la gesta no lo hacen por el solo placer de participar, sino que se apuesta a desplegar estrategias que puedan asegurar éxitos.
No es pequeño lo que está en juego, sea la consolidación del ajuste reaccionario favorable a los grandes inversores; la gestión de un orden capitalista contenido en su voracidad (imposible para quien escribe); o la perspectiva de discutir un horizonte de emancipación social. En definitiva, la construcción de una estrategia de poder alternativa a la iniciativa de la hegemonía reaccionaria en curso.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2017

Los Estados nacionales y sus poderes relativos en la economía mundial

Una vez regresado de Nueva York el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier costo.
El argumento estadounidense es que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino militar y cultural.
Es el precio del menor peso relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista.  Aun con tecnología de punta en la agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista” estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador de los Estados nacionales  en donde originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en cada país.
Como trasfondo operan los acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión Europea.
Necesidad de financiar el déficit
Los problemas externos de la economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el record de endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60% de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por 50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de 300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés, que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el sector público.
El BCRA es un gran captador de recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del gobierno nacional.
El FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo.
Más allá del debate y los consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese diagnóstico gestado por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del pasado reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista constituye un desafío para el movimiento popular.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2017

Vuelven los Martínez de Hoz al gobierno y nosotros recuperamos el proyecto centenario de la revolución

El gobierno Macri definió la agenda de debate luego del resultado electoral del 22/10 y se concentró en reaccionarias reformas laborales, del régimen de jubilaciones y tributarias. Mientras se debaten los borradores y antes de la formal presentación para la discusión parlamentaria se redefinió el Gabinete con la designación del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al frente del ministerio de Agroindustria y al mismo tiempo el ministro de Energía anunció cambios en el sector energético con privatizaciones por 1.000 millones de dólares.
Por si hay duda de la relevancia de esas decisiones, recordemos que la SRA es la institución más antigua del poder hegemónico desde la instalación del capitalismo en la Argentina. Nacida en 1866, tuvo como primer Presidente a José Martínez de Hoz entre 1866 a 1870[1] y desde allí coordinó la estrategia de la “generación del 80” para incluir el territorio patagónico a la República Argentina, junto al genocidio indígena y a la capitalización de Buenos Aires con la primacía del puerto porteño en la definición del modelo agroexportador bajo la dirección de la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
Otro Martínez de Hoz, José Alfredo, descendiente del fundador redefinió un siglo después como Ministro de Economía de la Dictadura genocida en 1976 el plan de reestructuración capitalista reaccionario del país. El propósito apuntaba a modernizar e insertar a la Argentina en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista con el eje puesto en las fuerzas productivas de la agro-industria.
El pecado original supuso el arrebato de las tierras a los pueblos originarios y la limpieza de la población no sometida al régimen del salario, caso del gaucho cooptado para la causa del ejército de ocupación o como jornalero, peón o trabajador asalariado.
La militarización y la violencia resolvieron el asunto de la tierra y de la población, que junto a la migración generaron las condiciones de apropiación territorial y oferta de fuerza de trabajo para el desarrollo capitalista.
En ese marco puede entenderse el circuito mercantil de las tierras que permiten a Benetton acceder a casi un millón de has patagónicas y el conflicto actual con la comunidad mapuche, sus reclamos y protestas seguidas de represión y el caso Maldonado, aun con caratula judicial de “desaparición forzada”.
Luis Miguel Etchevehere es Presidente de la SRA desde 2012 y desde ahora Ministro de Agro-Industria del Gobierno de Mauricio Macri. El sector agrícola e industrial de la Argentina está en la cima de la competitividad mundial capitalista y por eso Europa primero y EEUU luego le cierran las fronteras a las exportaciones del agro negocio (el llamado bio-diesel). Se trata de la fertilidad de la pampa húmeda y el desarrollo de un paquete tecnológico ofrecido por transnacionales de la alimentación y la biogenética con desarrollos productivos locales que se imponen mundialmente como la siembra directa.
Más allá del precio internacional de la soja, la recesión local fue aminorada en los últimos tiempos por la expansión de la producción agraria e industrial del complejo sojero, desde el grano a sus derivados con desarrollo industrial para producir aceites y combustibles.
Los objetivos originarios de los Martínez de Hoz, en 1866, en 1976 y ahora en 2017 llevan el sello de la oligarquía terrateniente como clase burguesa hegemónica asociada al capital transnacional para la disputa de un lugar en el mundo de los capitales más concentrados de origen local. Es el espíritu de clase que ostenta Mauricio Macri y su equipo y por eso se predisponen a satisfacer las demandas de máxima por la liberalización de la economía bajo el concepto de desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo, como sentenció Marx hace 150 años vienes al mundo “chorreando sangre”.
No sorprende entonces la convergencia de la incorporación de Echevehere con el anuncio de Juan José Aranguren por las privatizaciones energéticas. El ex titular de la filial argentina de la petrolera Royal Dutch Shell entre 2003 y 2015 comparte mesa con el jefe de la SRA para continuar la histórica alianza entre los terratenientes locales y el capital foráneo, base de sustento del desarrollo capitalista de la generación del 80 del Siglo XIX y la reestructuración reaccionaria promovida desde el terrorismo de Estado un siglo después.
Es cierto que el Gobierno Macri es constitucional y surgido del voto, pero sus objetivos remiten al proyecto estratégico del poder histórico de la dominación capitalista surgida de la entente oligárquica con el capital externo, inglés en origen, estadounidense desde comienzos del Siglo XX. Un poder construido desde el fraude hasta la emergencia de la Ley Saenz Peña y el acceso de gobiernos bajo procesos electorales desde 1916, pero restituido en procesos golpistas entre 1930 y 1976 para condicionar todo proceso constitucional.
No es menor que por primera vez un gobierno electo por votación popular asuma el programa histórico de procesos del fraude político o los golpes de Estado. Son señales de nuevos fenómenos asociados a otros similares en el ámbito mundial que definen el retorno de las derechas más reaccionarias a la conducción del destino de las sociedades en diversos países del planeta.
Resta el debate sobre las reformas para flexibilizar el empleo y reducir las asignaciones de jubilados y pensionados, como la reestructuración del régimen tributario. Todas pensadas para favorecer la lógica de la ganancia, numen del capitalismo de siempre, pero al mismo tiempo vale recordar que el capitalismo es una relación social, donde no solo está el programa y la aspiración del propietario de los medios de producción, sino que también la relación se constituye con los propietarios de la fuerza de trabajo, que para el caso de la Argentina han construido una historia de organización y lucha.
Lo visible en los medios tradicionales y hegemónicos es la iniciativa del poder económico, del gobierno y la hegemonía empresaria,  pero aunque la nieguen existe una iniciativa alternativa de movilización y organización popular que no solo resiste esos propósitos, sino que también se propone construir imaginarios alternativos con perspectiva emancipadora, más pensando en la recuperación en estos días de la gesta anticapitalista de la centenaria revolución rusa.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2017



[1] http://www.sra.org.ar/

Euforia del gobierno y el poder económico

Hay euforia en el gobierno de Mauricio Macri y en el poder económico con el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Se nota en los festejos luego del escrutinio y en la primera conferencia de prensa del Presidente, justificando el aumento de combustibles con un inexplicable análisis sobre futuras bajas del petróleo, ahora que asciende a 60 dólares el barril.
Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.
El poder festeja
Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.
El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.
Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.
Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.
Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.
Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal
Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sinidcalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.
Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejor la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.
Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.
La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alícuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.
La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.
Ajuste y endeudamiento
El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.
A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.
Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.
Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.
Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.
Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018 pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.

Buenos Aires, 28 de octubre de 2017

La política en la Argentina después de las elecciones legislativas

El macrismo se consolida como primera minoría electoral en Argentina, aunque todavía incluye una votación de rechazo al kirchnerismo, que no debe considerarse voto fiel al ideario y práctica de Cambiemos en el gobierno.
La suma de macrismo (41,60%) y kirchnerismo (21,72%) los coloca como las fuerzas más votadas (63,32%) y confirman que son la novedad política en la representación institucional de la Argentina en este Siglo XXI.
El radicalismo acompaña mayoritariamente al PRO y también en menor medida se incluye como parte en el kirchnerismo. El peronismo se incluye en el kirchnerismo, fuera del mismo y también minoritariamente con la alianza liderada por el PRO.
Por eso aludimos a una nueva situación política con crisis de las identidades tradicionales: radicalismo y peronismo; y la emergencia de nuevas representaciones institucionales.
El  macrismo ya no es solo una fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende como identidad nacional, con peso electoral en los principales distritos por población y peso económico, especialmente la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Es algo que le otorga fuerza en la negociación con los gobernadores y las fuerzas políticas tradicionales en la Argentina, peronismo y radicalismo, disminuidas en su visibilidad como expresión política.
La votación del kirchnerismo sigue siendo amplia y de carácter nacional, con expresiones organizadas en el movimiento social. Anuncia que se posiciona como la principal fuerza de oposición al gobierno de Macri e intentará hegemonizar al peronismo, que en sus variantes se presentó por lo menos en tres espacios electorales. El liderazgo del peronismo está en disputa y Cristina Fernández pretenderá erigirse como la más votada hacia la candidatura presidencial del 2019.
Macri es el primer presidente no radical ni peronista desde 1916, y aspira a constituir un nuevo tiempo político en el país bajo una nueva identidad, de derecha y con consenso electoral de masas, lo que supone apoyo entre los más pobres y los trabajadores.
No todo es institucional, el conflicto social existe
El triunfo electoral no elimina el conflicto social como parte de la disputa política. De hecho, las tensiones de último momento se asociaron a la desaparición de Santiago Maldonado, con responsabilidad directa del Estado y la represión.
Se trata de un tema que continúa, a la espera de la autopsia y la consideración de la responsabilidad estatal en la muerte de Maldonado, incluso y más allá de dictámenes oficiales, la sociedad, o una parte de ella responsabiliza al Estado y el conflicto en torno a su esclarecimiento no se agota en la voz oficial.
El movimiento de DERECOS HUMANOS y más en general el movimiento popular batalló contra la impunidad hasta lograr las leyes de nulidad y los juicios en curso; una lucha de décadas en la que puede inscribirse la demanda por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado.
La batalla contra las actualizaciones de tarifas involucró a votantes del macrismo durante estos años y es previsible que sean parte de nuevas protestas. No debe asociarse adhesión electoral con consenso a políticas de ajuste explícito que afecta a buena parte de la población de menores ingresos.
Una ampliación del consenso electoral y parlamentario no significa contención del conflicto social.
Con el consenso electoral se pretenderá avanzar con la agenda del ajuste y la regresiva re-estructuración de la economía, el Estado y la sociedad. Por eso se alentarán reformas diversas: laboral, previsional, fiscal, penal, educativa, de salud, etc.
A no dudar que esos intentos generarán respuestas diversas, entre quienes intentarán darle cobertura social, sean parte de la burocracia sindical negociadora, mayoritaria en la CGT; el periodismo afín a las patronales de la comunicación y una intelectualidad funcional a la liberalización; pero también se habilita el despliegue de alternativa política popular, especialmente en la construcción de un nuevo modelo sindical, donde la unidad de acción es fundamental para construir nuevo proyecto sindical y popular articulado.
Las CTAs y otros ámbitos del movimiento sindical están desafiados a superar la fragmentación y con audacia proponer formas de organización de la protesta social y generarse condiciones de efectividad en la construcción de alternativa de poder.
En el movimiento sindical, territorial y popular se dará el principal espacio para la acumulación política de la izquierda y un proyecto popular por la emancipación social.
La izquierda partidaria logra 1.350.000 con el 5,59% de votos, con picos muy importantes en algunos distritos como Salta, Jujuy, Mendoza, e incluso el ingreso de legisladores nacionales. La fragmentación de la propuesta electoral de la izquierda diluye una mayor presencia legislativa y desafía a ampliar los espacios de unidad.
Unidad más posible y deseable en el ámbito del movimiento social y el conflicto, territorio adecuado para construir confianza para disputas institucionales próximas.
Sin perjuicio de la confrontación al ajuste, que incluye alianzas estratégicas y tácticas que involucran al propio kirchnerismo, el desafío pasa por la unidad ante situaciones de una agenda por la liberalización.
En ese plano destaca la confrontación contra las reformas laborales y previsionales y otras que mencionamos antes, pero especialmente contra la agenda de la presidencia Argentina en el G20 del 2018, que empieza en estos días con una reunión en Bariloche, que anticipa la ofensiva capitalista en territorio argentino durante el próximo año.
Más aún, en diciembre próximo, entre el 10 y 13 de diciembre se reúne la 11° Ministerial de la OMC y la programada semana de acción global contra la OMC será la oportunidad de generar una importante acción de masas en unidad de lucha para habilitar la discusión de una agenda alternativa al proyecto de liberalización del gobierno y las clases dominantes.
Sea por la agenda del ajuste nacional o las reformas reaccionarios y el alineamiento con la demanda del capital trasnacional para bajar el costo laboral y previsional y asegurar rentabilidad al capital, el desafío se instala en la potencia de la unidad de acción del movimiento popular y que en su desarrollo se desplieguen formas eficaces de articulación para la disputa del poder.
Menos consignas y más argumentos
Desde la izquierda y el movimiento popular se requiere mayor capacidad de argumentación.
El discurso pos electoral del macrismo es vacío, asentado en el consenso electoral y convocando a “seguir” en el rumbo, respondiendo a una religiosidad que convoca al seguimiento acrítico.
Somos conscientes que eso supone la agenda de la liberalización y el ajuste, la promoción de las inversiones externas y el mayor endeudamiento público, y que no alcanza con la oposición.
La demanda es por construir adecuada argumentación que no se contenten con la crítica al neo-liberalismo, sino ir más allá en una prédica anti-capitalista que pueda generar conciencia por cambios profundos.
El problema no es el neo-liberalismo o Cambiemos, el tema de fondo es el capitalismo. Hace falta una propuesta anti-capitalista y para ello discutir más a fondo que pasa en los sentimientos y consciencia de los sectores popular, ver como se discute contra la argumentación desde el poder.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2017