¿Hacia dónde va la economía en Argentina?

El gobierno tuvo que modificar las metas de inflación para el 2018 y de una evolución de precios pronosticada en torno al 10%, la pauta se corrigió al 15%. Muchas especulaciones se tejen alrededor del anuncio y existen quienes imaginan nuevos cambios de personajes en el “equipo” económico, de lujo como ellos lo venden. Circuló incluso que el Presidente del BCRA tenía las horas contadas. Más allá de que eso ocurra lo que interesa es discernir lo que acontece. En ese sentido puede pensarse que el gobierno tiene un diagnóstico errado de la situación económica, no solo local sino mundial. No se trata de la herencia recibida sino de las tendencias locales y globales de la actividad económica en el presente y desde hace varios años.
Desde lo global existen enormes incertidumbres, desde las amenazas nucleares a los juegos de guerra de los que disfruta Trump, hasta las especulaciones con las tendencias financieras, muy especialmente con las subas próximas de las tasas de interés en EEUU, ya bajo administración amiga del ejecutivo estadounidense. La inestabilidad del sistema mundial es una de las constantes de nuestro tiempo y por ende no alcanza con ideología pro mercado para atraer capitales. Desde la CEPAL se informa que las tendencias mundiales cambiaron y si nuestra región estaba entre los principales destinos de las inversiones externas en la década pasada, eso ya no ocurre. Otros territorios son apetecidos por los inversores globales, especialmente los que dominan y disputan el sistema mundial del capitalismo.
No alcanza con el discurso pro mercado para que los capitales se aventuren sobre la Argentina o Nuestramérica, e incluso es dudoso que ello fuera beneficioso para atender las necesidades de la mayoría de nuestra sociedad. En todo caso, esos inversores demandan se realicen ajustes que abaraten el costo de producción y mientras tanto aprovechar la disposición a la valorización financiera derivada del endeudamiento externo. En efecto, ni bien comenzado el año y con horizonte de ajustes y cambios reaccionarios, el ministro de Finanzas colocó bonos por 9.000 millones de dólares a 5, 10 y 30 años, con tasas más bajas que hace un año, pero más altas que las que pagan los países vecinos u otros que se endeudan por estas horas en el mercado mundial. Argentina sigue siendo riesgosa y por eso es negocio para la especulación global con elevadas tasas de interés que se abonan con recursos fiscales que se restan principalmente al gasto social.
Hemos escrito en anteriores ocasiones que hay presiones desde la derecha, de adentro y de afuera del gobierno para acelerar el cambio, o sea el ajuste fiscal, previsional y laboral, de lo contrario el país ingresará en territorio complicado, sea por la inflación, el “atraso” del tipo de cambio o los déficit gemelos. Para traducirlo en lenguaje corriente, lo que se pretende apunta a inducir un control sobre los ingresos populares, sea conteniendo las demandas salariales por negociaciones colectivas, disminuyendo las actualizaciones de ingresos, caso de las jubilaciones o beneficios sociales y apurar el retiro de los subsidios a los servicios públicos. Imaginan mayor aumento de las tarifas de electricidad, agua, gas, transporte, etc. Pretenden un dólar más competitivo para las exportaciones, aunque ello suponga encarecimiento de importaciones y del costo de vida. Claro que todo ello supone la baja del gasto, especialmente el social y una mejora en la recaudación induciendo beneficios para las ganancias.
El límite es la protesta social y el descontento, lo que se expresa en la fuerte conflictividad social y cierta merma en la confianza y el consenso a la política oficial. Esto amenaza la continuidad del proyecto político, y por eso el gradualismo del sector más “político” en el gobierno, que contrarresta a los juramentados de la ortodoxia y demanda tiempo para cumplir con los objetivos de máxima para una inserción virtuosa de la Argentina en el capitalismo mundial.
Un problema es el financiamiento de esa política y como no acuerdan con la emisión monetaria exacerbada, entonces apuntan al endeudamiento y prorrogan las soluciones para el mediano y largo plazo. Lo que importa es mantener el consenso presente a un gobierno de derecha que por primera vez accede a la gestión pública con el voto de la sociedad. Esa es la apuesta para el logro del objetivo de máxima. En ese camino necesitan ampliar el consenso y si no pueden por la política, el discurso ideológico y cultural, no dudan en la represión. Disciplinar al movimiento popular, de larga trayectoria en la Argentina es preocupación central de las clases dominantes. El rumbo económico lo construyen más allá de sus problemas, con consenso o coerción, con el objetivo de la maximización de la ganancia para la acumulación y la dominación.
El modelo productivo en el fondo
No solo se trata de las cuentas públicas, sino de la orientación de la producción, la distribución, el cambio o el consumo, que por décadas construyó una inserción subordinada a las transnacionales del agro-negocio y la energía; la industrialización dependiente para la exportación y la especulación sobre a base de la extranjerización del sistema financiero y el deliberado endeudamiento externo. Aquí está el meollo de la cuestión, ya que no alcanza con discutir la ecuación macroeconómica, sea el PBI, el Consumo, la Inversión, o el saldo del comercio externo; sino que se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo, en especial vinculación con definiciones a asumir regionalmente y en un marco de integración no subordinada.
Es claro que se trata de una cuestión política, ya que el debate debe superar el límite de lo posible sustentado desde el oficialismo y la oposición sistémica, que cunado mucho discute quien gestiona el orden capitalista. Se trata de discutir precisamente el orden capitalista y confrontar con la ilusión de avanzar en el camino de reformas posibles al orden contemporáneo. La posibilidad de defender y ampliar derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de la sociedad implica discutir las bases materiales que organizan la cotidianeidad y especialmente nuestra superestructura social, ideológica, cultural y política. Por eso hace falta una gran batalla económica, política y sobre todo cultural, como desafío en la disputa de la conciencia social para confrontar las miserias a que nos condenan con la política económica en curso. Que no solo se escuche la presión por derecha para más ajuste, sino que se haga oír la voz consciente de quienes aspiran a una sociedad emancipada.

Buenos Aires, 5 de enero de 2018

Rumbo económico discriminador y concentrador

El año 2017 culmina con una nueva ola de despidos en el sector privado y en el Estado, con subas de precios, sean las prepagas, los peajes o el dólar, a lo que hay que sumar la quita de impuestos para los autos de gama media y alta.
Todo ello como resultado de las decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo. El primero, no tuvo empacho de anunciar cambios en los objetivos de política económica con menos de un día de aprobado el Presupuesto 2018. Los legisladores indicaron unas metas que fueron corregidas horas después por el equipo de gobierno. En esta democracia devaluada no se escuchó una sola vos de parlamentarios ofendidos por la burla del oficialismo, evidenciando la complicidad de los poderes del Estado y la formalidad del republicanismo vigente.
La política hegemónica es una farsa. Parlamentarios electos por el voto no responden a sus electores y el Ejecutivo decide más allá del debate congresal, en un marco de cumplimiento de las normas constitucionales. Es un juego donde el soberano es soslayado y alguien podría remitir al dicho popular “los de afuera son de palo”, olvidando que no hay juego sin la participación electoral de la sociedad. El ejercicio de la soberanía popular es lo que debiera estar en discusión y sin embargo, lo que acontece es una burla a ese poder soberano del pueblo.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete, rodeado por los Ministros de Hacienda, el de Finanzas y el Presidente del BCRA anunciaron que había que “re-calibrar” las metas de inflación, que en lugar del 10% previsto para el 2018, lo esperable sería un 15%. En paralelo, el mercado disparó la cotización del dólar y readecuó las expectativas empresarias en el corto y mediano plazo. Difundieron así un discurso legitimador sobre lo que pretende el gobierno del Pro-Cambiemos para el 2018.
Algunos dijeron que se trataba de “realismo” contra la ortodoxia del BCRA, cuyo Presidente habría perdido la interna gubernamental ante los gradualistas en el gobierno. Es curioso pensar como los gradualistas confirman la tendencia al ajuste impopular de las cuentas económicas en un marco de represión acentuada ante la protesta social extendida.
¿Alguien duda sobre quiénes son los beneficiarios y perjudicados por las decisiones económicas en la Argentina?
Los despedidos buscarán reinsertarse laboralmente bajo condiciones más precarias, sea por las nuevas condiciones flexibles de trabajo o por remuneraciones menores, confirmando una tendencia a la pauperización de los ingresos salariales y peores condiciones de empleo para la masa de trabajadoras y trabajadores. Todo ello contribuye a deteriorar los ingresos de la seguridad social y una perspectiva malograda del sistema que atiende la previsión social y las compensaciones por vulnerabilidad social.
Con las subas de precios queda claro quiénes son los que dominan y pueden defender sus ingresos, sean los patrones de la salud privado o el Estado que recompone sus ingresos tarifarios, por peajes o tarifas de servicios públicos. Los usuarios de la salud privada deberán resignar otros gastos para mantener la cobertura o resignarse a unas menores prestaciones “cayendo” en la salud pública. Recordemos a Mauricio Macri señalando que los que no pueden acceder a una educación de calidad caen en la escuela pública. Lo mismo ocurre con los usuarios de servicios públicos, privatizados o no, que el mayor gasto en electricidad, transporte o lo que sea significa reasignación de escasos recursos propios para privilegiar lo que resulta insustituible.
El aumento del dólar favorece a especuladores y grandes productores o exportadores que venían reclamando devaluaciones para encarecer las divisas y mejorar sus rentabilidades. El destino de la cotización del dólar impacta en el conjunto de los precios, especialmente en un país con déficit comercial (se importa más de lo que se exporta), y en consecuencia se encarecen las importaciones, lo que abunda en la escalada de precios locales. No menor resulta el impacto en los tomadores de crédito hipotecario, con actualizaciones asociadas a la evolución del dólar y la inflación, lo que agrega inseguridad a quienes imaginan soluciones de vivienda.
La eliminación del impuesto que grava automóviles de media y alta gama favorece el consumo de sectores de altos ingresos y riqueza en un clara e impúdica demostración para quien se gobierna. Resulta una clara discriminación de una política económica que favorece el consumo suntuario para sostener la lógica de la ganancia a costa de las condiciones de vida e ingreso de la mayoría de la población.
Capitalismo de época
Ocurre que la Argentina transita una lógica económica y política coherente y convergente con la tendencia principal del sistema mundial.
Desde la ruptura de la bipolaridad en 1991 existe un reacomodamiento del poder mundial que afirma la discriminación social masiva y la concentración de la riqueza y los ingresos para agigantar la desigualdad en la sociedad contemporánea.
Es un ejercicio de violencia exacerbado que remite a momentos fundacionales del orden capitalista, sea la acumulación originaria en siglos de desposesión y apropiación privada de medios de producción o sucesivas refundaciones asociadas a los acontecimientos bélicos y de destrucción, especialmente en el Siglo XX.
La deriva autoritaria emergente en éstas últimas tres décadas explica el desorden del orden capitalista, con especulación y militarización, bajo administraciones impresentables en los principales países del capitalismo mundial, cuya imagen patética expresa Donald Trump.  
El problema es el imaginario popular de un orden social alternativo, que animó las búsquedas en Nuestramérica en la primera década del Siglo XXI e inspiró procesos sociales y políticos en otros territorios del planeta. Bolivia, Cuba y Venezuela sostienen esas expectativas, no sin dificultades y problemas que amenazan la continuidad de esas experiencias.
Debe consignarse que existen límites en la construcción del nuevo modelo productivo y de desarrollo con perspectiva emancipadora, desplegado con matices no menores en esos tres países mencionados, pero la transición del capitalismo al socialismo continúa siendo una asignatura pendiente y el intento no debe ser combatido por más errores y horrores asociados a la ineficiencia o a la corrupción. No se puede ser imparcial a la hora de juzgar los procesos sociales con pretensión de transformación y más aún si apuntan en un sentido contrario y más allá del capitalismo.
Una aclaración necesaria apunta a considerar variados procesos de cambio político en convergencia con estos rumbos matizados de pretensión transicional mencionados, ya que siendo críticos con la tendencia hegemónica de liberalización explícita, nunca se propusieron superar el orden capitalista. Es el caso de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay o incluso Chile, entre muchos de la oleada “progresista” o como se la quiera llamar, que generaron expectativa en Nuestramérica.
Por ello es que resulta imprescindible mejorar el diagnóstico sobre el acontecer de nuestro tiempo y definir rumbos estratégicos para pensar en contra y más allá del capitalismo, en un año que conmemoramos el primer centenario del intento de revolución socialista y próximos a recordar en 2018 los 200 años del nacimiento de Carlos Marx.
El propósito civilizatorio por la revolución sigue vigente en las aspiraciones de millones de personas que mantienen el desafío por pensar críticamente la realidad y no resignarse a un presente como única posibilidad de existencia y claro, eso supone reanimar las expectativas y la alegría de una lucha por una sociedad sin explotación ni depredación. Ese es también mi deseo para el año que se avecina, con solidaridad, felicidad y sueños de un mundo emancipado.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2017

Fin de año con ajuste, represión y protesta masiva

Avanza el paquete de leyes presentado a extraordinarias en el Congreso, ya bajo la nueva composición más favorable al macrismo desde el 10/12, que se consolidó como primera minoría parlamentaria.
Ya es ley la “reforma previsional”, una medida regresiva contra jubiladas y jubilados que nadie duda.
No solo convalida la regresividad impuesta por la mayoría parlamentaria negociada, sino también el previo acuerdo con los/as gobernadores/as para asegurar la integralidad del paquete de leyes. Un paquete que modifica a favor de la ganancia el régimen tributario y un presupuesto 2018 que convalida la línea reaccionaria de gestión gubernamental desde hace dos años.
Los gobernadores que acordaron lo hicieron a cambio de recursos que resignan perceptores de la seguridad social y previsional. Imaginan que así podrán hacer clientelismo en sus territorios, especialmente la Provincia de Buenos Aires, la que concentra los mayores territorios de pobreza en el país.
No resulta una novedad la creciente represión, especialmente contra la extendida protesta social confrontando el saqueo a jubiladas, jubilados y otros beneficiarios de la seguridad social.
El gobierno pensó que sería relativamente débil la respuesta del movimiento de jubiladas/os, sin contar con la inmensa sensibilidad social que la causa previsional genera en nuestro país.
Con la protesta, no solo se reivindica el ingreso adecuado a las necesidades de los mayores, sino la necesidad de una discusión estructural sobre la vejez y la cobertura necesaria ante la extensión de la expectativa de vida, que debiera ser una buena noticia para una vida mejor.
Por eso, no se trata solo de diagnosticar la tendencia recurrente al ajuste y a la represión del gobierno nacional y sus asociados en las provincias, e incluso de la dominación articulada que ejercen oficialistas y opositores que favorecen la lógica liberalizadora del PRO-Cambiemos.
Lo novedoso es que luego del espaldarazo electoral del 22/10 y el imaginario de campo libre para avanzar con medidas antipopulares, la respuesta social fue ampliamente crítica, no solo en la movilización en continuado contra la OMC el martes 12/12, por necesidades insatisfechas de movimientos sociales el 13/12, o el 14/12 contra el tratamiento en Diputados de la media sanción al saqueo a jubilados y otros beneficiarios de planes sociales.
Ante la novedad, el gobierno anticipó la sesión de Diputados del 20/12 al 18/12 y dejar escaso margen para la organización social de la protesta y además, organizó un mecanismo de represión vallando el territorio del debate parlamentario, un símbolo creciente que define la crisis de la política y la falta de la credibilidad de la sociedad en las formas concretas y reales del ejercicio de la “democracia” realmente existente.
Hay que recordar que el pueblo gobierna por delegación en sus representantes, y encima les está vedado expresar libremente opiniones críticas al proyecto hegemónico. Lo que no entiende el oficialismo, y a veces en el propio movimiento popular, es el acumulado organizacional del movimiento social. Opinión válida aun con la fragmentación de proyectos políticos y ausencia de alternativa contenedora de una parte importe importante de la protesta y el descontento social.
Las inversiones no llegan
El Gobierno imaginó un saldo favorable de la reunión ministerial de la OMC entre el 10 y el 13/12. No solo no logró avances en las negociaciones que otorgaran un lugar histórico al cónclave de Buenos Aires, ni siquiera en materia de comercio electrónico, una realidad en ascenso por encima de acuerdos y regulaciones, sino que se consolidó una articulación popular que ensayó en esos días la batalla contra la presidencia Macri del G20 en 2018.
Tampoco pudo anunciar la suscripción del acuerdo de cooperación económica entre la Unión Europea y el Mercosur, un eufemismo que esconde una ronda más de liberalización en la onda de los Tratados de Libre Comercio, como el ALCA frustrado en 2005.
Resignamos todo lo que solicitaron, argumentaron desde la cancillería argentina, y sin embargo los europeos quieren más concesiones, se confesaron. Nos recuerda a aquella expresión: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Es una lógica de imposición de los negociadores de los países capitalistas desarrollados, es decir, del poder económico mundial.
No caló el discurso de una Argentina inserta y aceptada en el mundo, aun cuando The Economist, el emblemático periódico inglés de las finanzas y el establishment, asociado a la corriente hegemónica del pensamiento liberal histórico y contemporáneo, incluyó al país y a Corea del Sur junto al liderazgo de Francia como los tres mejores gobiernos por su política económica y orientación pro liberalización durante el 2017.
Es un galardón que se ofrece desde 2013 a fin de año y que excluye como postulantes a los EEUU y a China, ambos a la vanguardia de la actividad económica mundial.
Por muy buena letra que se haga, los inversores no desembarcan en Argentina, ni en América Latina, tal como informa la CEPAL en sus últimos informes.
Puede pensarse que el mundo no ayuda materialmente al ideario liberal del macrismo y las derechas, y por mucho que se hable de libertad económica, lo real es que los inversores continúan su privilegio de colocación de capital en los territorios que aseguren alta rentabilidad y libre movilidad de capitales y resultados, y si no, por lo menos seguridad en la apropiación de la renta por inversiones.
Esa es la razón del fracaso presidencial ante una benigna imagen de lluvia de inversores externos por el solo hecho de ser Macri el Presidente.
Ni las visitas de los principales Jefes de los Gobiernos capitalistas, ni de los líderes de las más grandes empresas de la economía mundial, ni los cónclaves globales al estilo Foro Económico Mundial o la Ministerial de la OMC le generan resultados visibles para activar la producción y el empleo local.
La expectativa se concentra ahora en la cumbre del G20 en noviembre del 2018 y las reuniones previas organizadas por el Poder Ejecutivo local.
Crece la economía con deuda y fuga de capitales
Los escasos logros macroeconómicos que puede mostrar, en términos de crecimiento del PBI, son producto de una economía especulativa sustentada en creciente endeudamiento externo, que financia la recurrente fuga de capitales y el despilfarro de los sectores económicos más favorecidos con sus viajes al exterior, el gasto suntuario o sus opciones por activos financieros locales o externos.
Entre las opciones financieras locales destaca el BCRA ofreciendo elevadas tasas de interés por sus letras (LEBAC), que ya preocupan a sectores del propio gobierno.
Las LEBAC suman más de 1 billón de pesos a noviembre del 2017[1], más de 55.000 millones de dólares a 18 pesos cada dólar. De hecho, las Letras del Banco Central se transforman en un corset del que cuesta salir, en una disputa entre tasas y cotización del dólar.
En cualquier circunstancia, una u otra opción, LEBAC o dólares, no favorece a la mayoría social de menores ingresos y se constituye como variante de ganancias de sectores muy concentrados de la economía.
Hay que destacar que el crecimiento económico no puede eludir la escasa intervención de la producción industrial local, amenazada por una lógica importadora que hace crecer el déficit comercial a cifras muy preocupantes, con despidos y cierres de empresas que comprometen las economías regionales y presentan un cuadro desolador en el ámbito nacional.
La economía agraria y primaria en ascenso consolida el carácter primario exportador en la configuración productiva del país para una inserción subordinada en una lógica de dominación transnacional de la producción mundial.
La lógica de la dependencia histórica se consolida en la Argentina del PRO-Cambiemos y sus socios del PJ u otras denominaciones de los partidos políticos tradicionales.
Pretendemos apuntar con la crítica, más allá de la coyuntura y señalar problemas estructurales del orden capitalista global y la inserción subordinada de la Argentina.
El acumulado organizacional detrás de la masiva protesta
No debe sorprender la masividad de la protesta. La extensión de esta se anima desde una dispersión de organizaciones sindicales y sociales, que pone de manifiesto la incertidumbre al momento de definir quien acumula el poder de la masividad del conflicto social.
Vale destacar en ese plano la iniciativa política de lo nuevo construido en organización popular de los últimos años del siglo pasado y comienzos del presente.
Remito a la propuesta originaria de un nuevo modelo sindical ensayado por la CTA desde los 90, con libertad y democracia sindical, aún con su fragmentación actual y los debates por su reunificación; tanto como los movimientos territoriales y sociales con predicamento entre trabajadoras y trabajadores de menores ingresos e incluso entre aquellos que resuelven su cotidianeidad más allá de la economía regularizada, en el marco de lo que se denomina “economía popular”.
Hasta la tradicional CGT, en su desprestigio debe tener en cuenta ambas dinámicas en su accionar, sea corrida por convocatoria a “paros nacionales”, planes de lucha, o intentando contener en su seno a algunos de los movimientos sociales, tanto como una amplia disidencia en su interior de sindicatos y corrientes sindicales que desafían las orientaciones del triunvirato hoy en ejercicio de la dirección.
Desde la perspectiva política se disputa el peronismo, incluido las fracciones del kirchnerismo y desde luego la amplia tradición de izquierda, no solo de las expresiones con representación electoral.
El abanico político en disputa del movimiento popular es amplísimo y no reconoce liderazgos unívocos, por lo que se desafía a la más amplia unidad de acción y ensayos diversos para conformar alternativas al poder hegemónico en curso.
Lo que aparece es una disputa por la representación de lo popular, donde conviven quienes imaginan un horizonte de reformas dentro del capitalismo y quienes insisten en el carácter irreformable del orden capitalista.
Son dos opciones que conviven en muchas de las organizaciones a las que aludimos, y obvio, también en variados proyectos que confrontan contra la hegemonía macrista en curso.
En ese marco es que se alude a la necesidad de un nuevo reagrupamiento del movimiento popular en la Argentina, especialmente de la organicidad sindical y territorial de las trabajadoras y trabajadores.
Aparece el tema asociado a los cambios operados en la Economía, la Sociedad y el Estado en las últimas cuatro décadas, desde las condiciones impuestas en 1975/76 que habilitó la dictadura genocida y una orientación, que con idas y vueltas se termina imponiendo, con irregularidad en el empleo, desempleo y precariedad, pero muy especialmente en el sentido común cultural.
Un sentido común pro individualismo, racista y discriminador que legitima el ajuste y la represión contra amplios sectores de la población.
Confrontar el ajuste, la represión e ir más allá
El gran interrogante es como avanzar en la articulación de la fragmentada protesta y generar al mismo tiempo la condición de posibilidad para un proyecto alternativo, que al tiempo que confronte el ajuste y la represión abra el rumbo de un programa político y económico con base de sustentación en la resolución de las necesidades sociales insatisfechas.
Algunos descreen de la posibilidad de un programa en ese sentido, limitados por la visión que nada se puede hacer al margen del orden capitalista y por ello reproducen con un imaginario de lo posible, la lógica mercantil de la ganancia.
Confrontar contra el poder y el posibilismo son tareas simultáneas en estos momentos, si es que se pretende intervenir con éxito en la disputa para construir otra sociedad que apunte a disputar y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden actual.
En tiempos de final de año y con la esperanza de uno próximo más favorable a los intereses de la liberación nacional y social, en compañía con las aspiraciones de cambio político y económico que alumbraron las luchas en Nuestramérica en este Siglo XXI, apuntamos estas reflexiones para pensar críticamente la coyuntura y aspirar a la gestación de un proyecto por la emancipación social.

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2017



[1] BCRA. Boletín Estadístico, diciembre de 2017, n°12, en:  http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/BoletinEstadistico/boldat201712.pdf

El endeudamiento público explica el mayor déficit fiscal pese al ajuste

La Argentina tiene un fuerte déficit fiscal, lo que supone un mayor gasto público respecto de los ingresos, por lo que conviene distinguir en que se gasta y cuál es el origen de los fondos del Estado. Solo así se puede indagar respecto del déficit y como resolverlo.
Al respecto y para 2017, un informe de reciente publicación la CEPAL señala que para Argentina: “...el déficit fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7% del PIB), pese a la política de reducción de los subsidios de los servicios públicos, a la recaudación extraordinaria del impuesto especial del blanqueo de capitales y al aumento de los ingresos tributarios asociados al mayor nivel de actividad.”[1]
Con la baja de subsidios a los servicios se encareció la vida, con especial impacto entre los sectores de menores ingresos, mientras que el blanqueo supone el perdón estatal a grandes evasores, descubriendo claramente perjudicados y beneficiarios de la política económica y fiscal del gobierno Macri.
Más adelante se indicará en el estudio de CEPAL que el ajuste realizado para achicar gastos estatales fue contrarrestado por el mayor gasto en intereses derivado del fuerte endeudamiento público. Dice textualmente el escrito: “Tras el pago de los intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7% del PIB, por encima del 4,1% registrado en igual período de 2016.”
Hemos destacado en varias ocasiones que el Ministro de Finanzas augura la continuidad del creciente endeudamiento público por lo menos hasta el 2022.
Queda claro que toda la sociedad financia con endeudamiento del Estado la lógica regresiva de la distribución del ingreso. Se trata de una hipoteca gravosa en el corto y largo plazo. Resulta claramente contrario a cualquier semejanza a los propósitos de Robin Hood que podría sugerirse de una estrategia para combatir y abatir la pobreza, por lo que algunos sostienen que se trata de un robo apañado desde el consenso electoral.
La contabilidad nacional, que mide egresos e ingresos desnuda una gigantesca transferencia de recursos desde los sectores empobrecidos a los más enriquecidos. En el texto de la CEPAL se destaca el mantenimiento de la indigencia pese al crecimiento logrado en el presente año, que recupera lo perdido en 2016.
El mayor déficit se carga sobre jubiladas y jubilados
Resulta interesante descubrir cómo con la “reforma previsional” en trámite parlamentario y fuertemente protestada en las calles, se piensa achicar el déficit desde el gobierno Macri.
Más allá de temas de fondo, como la edad jubilatoria, la modificación de la actualización de ingresos previsionales supone una reducción de recursos para beneficiarios de jubilaciones y otros derivados de la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijos e Hijas (AUH) o a los combatientes en Malvinas.
El argumento oficial es que bajo la nueva fórmula de actualización se  genera un “ahorro” estimado en 100.000 millones de pesos para el 2018, lo que significa que lo que se ahorra el Estado es lo que no perciben los millones de beneficiarios de la seguridad social, perceptores de jubilaciones y la AUH.
Como argumento se sostiene que la economía nacional no es sustentable con este déficit fiscal y del propio sistema previsional, sin contabilizar las pérdidas de ingresos fiscales que supusieron las quitas y eliminaciones a las retenciones por exportaciones, o las reducciones al impuesto de bienes personales. Mucho más si se considera en simultáneo la propuesta de reforma tributaria en ciernes, que impulsa la rebaja de la tasa de ganancias, del 35 al 25%, para empresarios que reinviertan sus excedentes.
Es un chantaje hacia una mayoría empobrecida, a quienes se les restringen ingresos para hacer funcional el orden capitalista y su Estado, asegurando ganancias y rentabilidad para inversores externos y locales, cómo si ello fuera la única manera de reducir el déficit.
No solo es el gobierno, sino que el chantaje asocia como actores directos a buena parte de los legisladores y gobernadores, oficialistas y opositores, quienes negocian cuotas de los ingresos fiscales para atender necesidades provinciales y a costa de los sectores de menores ingresos..
La novedad es que para facilitar la sanción legislativa se ofrecería por Decreto presidencial una compensación mediante un bono de 750 pesos por única vez a los/as jubilados/as con ingresos menores a los 10.000 pesos mensuales y aportes al régimen previsional por 30 años, y un bono de 375 pesos, también por única vez, a jubiladas/os ingresados al sistema por moratorias y sin los años de aportes. También un bono por única vez de 400 pesos para beneficiarios de AUH. Todo sumaría unos 4,000 millones de pesos, una miseria del 4% respecto del ahorro de 100.000 millones antes mencionado.
No solo se trata de una estafa evidente, sino que desnuda las formas de financiamiento del Estado y del capitalismo en las condiciones actuales, de fuerte iniciativa política del poder y del gobierno ante el espaldarazo electoral de octubre.
Política e instituciones
Como alguna vez sostuvimos, la política no solo transita por las instituciones.
El movimiento de la sociedad se expresa vía conflicto en la protesta callejera y eso acontece en estos días, por lo que la historia no termina, aun con pactos, leyes o decretos que confirman la regresiva distribución del ingreso.
Un interrogante para pensar remite al resultado de la confrontación entre la formal legalidad institucional o la presión social que apunta a modificar esa ecuación de la institucionalidad, que siempre es transitoria, sino lo que habría sería una agobiante y conservadora inmovilidad.
Solo a modo de ejemplo señalemos que sin la lucha popular hace 100 años no hubiera existido la reforma universitaria, o más cercano en el tiempo, sin el accionar del movimiento por los derechos humanos, nunca hubiera habido anulación de las leyes de impunidad y por ende no existirían los juicios actuales con condenas a los genocidas. Los ejemplos en este sentido son muchos y variados, lo que expresa la riqueza y vitalidad de una cotidianeidad que puede aspirar a superar y transformar la realidad.
La institucionalidad está siempre en disputa y favorece a pocos enriquecidos o a muchos que aspiran a una sociedad del Vivir Bien o el Buen Vivir tal como sostiene la lógica civilizatoria de los originarios.
Se equivocan aquellos que imaginan la proyección del consenso electoral para contrarreformas de carácter impopular.
En todo caso devela los problemas políticos en la Argentina, que atraviesan a los sectores dominantes de la derecha en el gobierno, pero también a la izquierda y a quienes imaginan una perspectiva sustentada en un proyecto emancipador.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2017



[1] CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2017. Argentina. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/18/BPE2017_Argentina_es.pdf (consultado el 15/12/17

Argentina preside el G20 y rechaza presencias en reunión OMC

Mientras el Senado de la Nación aprueba la iniciativa legislativa para sacar 100.000 millones de pesos de los jubilados y jubiladas para transferirlas a los Estados provinciales y nacionales, el Presidente Mauricio Macri toma la posta del gobierno alemán en la coordinación de la agenda del Grupo de los 20 para el 2018. Al mismo tiempo retira la acreditación de por lo menos 70 delegados de organizaciones nacionales e internacionales que iban a participar de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para la media sanción legislativa se contó con el acuerdo de una parte importante de la oposición política, con senadores en acuerdo con sus gobernadores, sumando complicidad a la política de ajuste. El déficit fiscal provincial y nacional se suple parcialmente con recursos de jubiladas y jubilados. La penuria de los ingresos de estos está asociada a la política de un acuerdo de mayoría parlamentaria en la Argentina, que no duda en resolver problemas presupuestarios a costa de empobrecer a buena parte de la sociedad. Cerca del 70% de los perceptores de ingresos previsionales (jubilatorios) están por debajo de la canasta mínima necesaria y con esta orientación se agrava esa perspectiva.
En rigor, es solo una faceta de una política reaccionaria que incluye incrementos de tarifas de servicios públicos, especialmente de luz y gas que escala la inflación en el último mes del año y sedimenta la continuidad del elevado costo de vida para una parte importante de la sociedad argentina de escasos y medianos recursos. Pero no solo es inflación, carestía de la vida y penuria social, sino la confirmación de una orientación elitista y discriminatoria que se manifiesta claramente en el quehacer político internacional.
G20 y OMC
Esta semana asumió Argentina la coordinación de la agenda del G20 para el 2018, y se iniciaron las reuniones técnicas en Bariloche, con un despliegue inmenso de seguridad. Hay temores a las protestas sociales en el país, protagonizada por organizaciones locales y redes sociales y políticas del mundo ante la previsible orientación liberalizadora que surgirá de los diferentes cónclaves del G20 y/o de la OMC.
Este nuevo papel asumido en el G20 ocurre en días previos al desembarco de las delegaciones internacionales a la 11° Conferencia Ministerial de la OMC, que entre otras cuestiones aloja un debate de la “sociedad civil” sobre las discusiones relativas al libre comercio. Es una práctica de años que impulsa la organización internacional desde su creación en 1995, claro que como búsqueda de legitimación. Muchas organizaciones y personalidades rechazan el ámbito de la OMC como espacio para el debate y por eso levantan la consigna FUERA OMC. Otras organizaciones sociales críticas a la OMC consideran que el debate puede hacerse tanto afuera de la cumbre oficial como adentro y por ende se acreditan para esa discusión.
La novedad es que por primera vez en su historia, la OMC tuvo que informar a varios acreditados, locales y extranjeros, que el gobierno argentino los “des-acreditaba”, sin dar explicaciones, las que deben rastrearse en medidas preventivas contra opiniones críticas a la liberalización. El discurso republicano se desvanece y evidencia la veta autoritaria de un gobierno comprometido con los intereses de la liberación para la ganancia, la acumulación y la dominación sin límites ni opiniones divergentes.
Protestas y alternativas
Más allá del accionar gubernamental expresado en la reserva de admisión y la aceptación de la OMC, aún con las disculpas en sus misivas a los des-acreditados, la semana de acción global Fuera la OMC se iniciará en concordancia con la Marcha de la resistencia de las Madres de la Plaza de Mayo.
A continuación se desplegarán un conjunto de iniciativas de debate político, social y cultural relativo al libre cambio y los propósitos de los organismos internacionales y los gobiernos a favor de la liberalización económica, máxima aspiración del capital más concentrado en el ámbito mundial.
La confluencia Fuera la OMC se constituye como movimiento social para instalar la crítica en la sociedad sobre el tipo de inserción internacional que promueve el gobierno de Macri, en sintonía con las aspiraciones de las clases dominantes, las que se reconocen en el programa de la dictadura genocida y la regresiva reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad en los 90´, aquella que desembocó en la pueblada del 2001.
No estamos a las puertas de una pueblada de la magnitud y consecuencias de aquella, pero la escalada del conflicto social expresa descontentos que requieren ser articulados políticamente en una perspectiva superadora de experiencias conocidas, que puedan discutir el orden capitalista y construir nuevas posibilidades de un rumbo emancipador.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2017.